El 17 de diciembre, Chile vivió su segundo rechazo a la propuesta para una nueva Constitución. El plebiscito, esgrimido tras el estallido social de 2019, vio el «no» prevalecer sobre el «sí» con un estrecho margen del 55% contra el 45%. La propuesta, generada por el Consejo Constitucional liderado por José Antonio Kast, no logró asegurar una aceptación general.
El texto generó controversia por sus puntos sobre aborto y equidad de género. Expertos señalan que el documento podría poner en riesgo el derecho al aborto, además de presentar ambigüedades sobre la igualdad de género en los cargos públicos.
El presidente Gabriel Boric, en su declaración posterior, afirmó que «durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional». Expresó que la Constitución de 1980, vigente desde la dictadura de Pinochet, permanecerá activa, evidenciando la insatisfacción política y la falta de unidad reflejada en dos propuestas constitucionales rechazadas en plebiscito. Concluyó que las prioridades del país demandan una atención diferente y que la política ha fallado en representar y unir al pueblo chileno.
El descontento y la división persisten, manteniendo en vigencia una Constitución con casi cuatro décadas de antigüedad, mientras los esfuerzos por una nueva carta magna se estancan.
El proceso constitucional chileno, impulsado tras el estallido social de 2019, enfrenta un estancamiento. A pesar de la esperanza generada en el cambio, dos propuestas rechazadas reflejan un país dividido. La permanencia de la Constitución de 1980 evidencia la compleja tarea de unir a Chile.
La persistente falta de consenso y los puntos polémicos en las propuestas evidencian la complejidad de satisfacer las demandas de una sociedad diversa y fragmentada en Chile en la actualidad.
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