El diputado por el Partido Verde, Edgardo Hernández Contreras, se defendió en rueda de prensa de ataques mediáticos a manos de policías jubilados que intentan vincularlo con el empresario Gabriel Salazar, dueño de la empresa de seguridad Escoltta y acusado de fraudes a través de la financiera Invercorp.
El legislador se dijo víctima de una campaña negra, orientada a desprestigiar su labor como diputado y su integridad como persona. Por esto, responsabilizó al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, de lo que le pueda ocurrir a él, a su familia y a sus bienes.
Se dijo inocente de las acusaciones que, mediante un desplegado publicado en el periódico El Sol de San Luis, le hace Jesús Luevano Rivera, dirigente de los Policías Jubilados y Pensionados de la Secretará de Seguridad Pública del Estado (SSPE). En ese desplegado, Luevano asegura que, el hoy diputado, autorizó a Gabriel Salazar Soto los permisos para operar la empresa de seguridad privada Escoltta, cuya licencia de autorización fue expedida en 2017.
Para comprobar su dicho, Edgardo Hernandez presentó los originales de los nombramientos que le fueron otorgados para desempeñarse como coordinador de Control y Gestión de la SSPE, cargo que ocupó de septiembre de 2015 a febrero de 2016, y el de coordinador de asesores, el cual ocupó de febrero de 2016 hasta el momento que renunció el secretario general, Arturo Gutierrez García.
El diputado,a su estilo, ofreció una rueda de prensa para dar la cara, dijo, y para denunciar la campaña mediatica en su contra, así como para hacer responsables de la misma al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, y a la titular de los Servicios de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez.
Aseguró que no tuvo nada que ver en la supuesta contratación de 200 militares mientras fue funcionario de Seguridad Publica Estatal por que su función no era administrativa y que, además, esa es una atribución de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
Hernández Contreras expresó que sus posicionamientos respecto a las posibles irregularidades en el manejo de los recursos en la Secretaría de Salud no son personales, si no que forman parte de su obligación como diputado. Él dijo que tiene la responsabilidad de verificar el buen uso del dinero del pueblo y advirtió que continuará denunciando hechos que puedan ser constitutivos de delito.
