Juan Ramón Infante Guerrero, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de San Luis Potosí, presentó su renuncia en medio de acusaciones de corrupción dentro del propio organismo. Infante Guerrero, padre de una de las víctimas del incidente en el antro “Rich” ocurrido en la Plaza Alttus el pasado 7 de junio, señaló que su dimisión es una medida para no avalar lo que describió como “actos de corrupción” que han permeado diversas instituciones relacionadas con el sistema.
En su carta de renuncia, Infante Guerrero documentó casos de corrupción que involucran no solo al Comité de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador del SEA, sino también a otras instituciones clave como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Contraloría General del Estado. Asimismo, mencionó irregularidades en la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana y en la Secretaría Ejecutiva del SEA.
Infante Guerrero explicó que los hechos de corrupción están relacionados con el manejo del incidente del antro “Rich” y los procesos que se han derivado de este. Además, señaló que las instituciones involucradas han incurrido en faltas por omisión, lo que ha llevado a una falta de responsabilidad pública en torno al caso.
En su renuncia, Infante expresó su rechazo a formar parte de lo que llamó una “simulación contaminada”, señalando que la corrupción dentro del SEA y otras entidades ha sido constante y repetitiva. Su salida ha generado un fuerte debate sobre la efectividad del sistema anticorrupción en San Luis Potosí y la credibilidad de las instituciones encargadas de combatir este problema.
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