Familiares de un adulto mayor, un abuelito de más de 90 años, denunciaron públicamente el supuesto contubernio que existe entre la inmobiliaria Anderi y varios jueces del ramo mercantil quienes, según consta en el testimonio, trabajaron de manera conjunta para estafar al señor y luego despojarlo del patrimonio que construyó con décadas de intenso trabajo, situación que, aseguran, han replicado con otras víctimas en condiciones similares.
Según refieren los afectados, en julio de 2017, personal de la inmobiliaria referida sacó de su domicilio a Eduardo, un señor jubilado que, además de sufrir demencia senil progresiva, es diabético e hipertenso. Sin explicarle los detalles, le hicieron firmar un pagaré por seis millones de pesos, el cual, supuestamente, debía pagar a largo plazo con una modesta pensión que recibe, fruto de sus años de trabajo. Como garantía, la inmobiliaria tomó la casa de la víctima.
Ajeno a toda situación, el señor Eduardo no comprendió que debía pagar las mensualidades por lo que, en cuestión de semanas, la inmobiliaria inició el proceso para poder adjudicarse de la casa que estaba en garantía argumentando falta de pago. El testimonio asegura que la empresa contó con el apoyo de Alejandra Inés González Oseguera, secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo, y la firma de Miguel Ángel Sauceda Aranda, Juez Segundo del Ramo Mercantil; quienes hicieron llegar el caso en tiempo récord al punto último del tramo legal: Ejecución. El despojo fue ejecutado el 14 de octubre del 2019 por el actuario José Antonio Pérez Cabrera.
Ante el agravio, familiares y abogados de la víctima, promovieron un amparo ante un juzgado colegiado que terminó por favorecerles al ordenar la restitución del bien, sin embargo, la lucha legal por la propiedad continúa pues la empresa sigue reclamando el pago de los seis millones de los que, insisten, no existe prueba de que hayan sido entregados al señor Eduardo, es decir, la inmobiliaria simuló el préstamo para comprometerlo, pero no existe registro de deposito bancario ni de egresos dentro de la misma empresa que coincidan con dicho movimiento, el cual, por su propia naturaleza, no pudo haberse realizado en efectivo.
Los familiares del afectado han solicitado la inmediata intervención de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Olga Regina García López, para que investigue estos hechos y supervise la evolución del caso en el Juzgado Mercantil Número 1 donde, ahora, se encuentra el caso y donde, temen, se vuelva a repetir el abuso.
Aseguran que don Eduardo no es la única víctima e insisten en que, en contubernio con jueces, secretarios de acuerdos, actuarios y la propia inmobiliaria, han creado un cártel inmobiliario que se dedica a despojar a la gente, sobre todo adultos mayores, de su patrimonio aprovechando la vulnerabilidad en que se encuentran.
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