El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, confirma las terribles condiciones en que se encontraba la población en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, mejor conocido como La Pila, durante el gobierno de Juan Manuel Carreras.
Las irregularidades encontradas por visitadores del organismo en el último año de la gestión carrerista, son las siguientes:
La población recluida se encontraba en condiciones de hacinamiento, con pésimos servicios de salud, sin programas de prevención y atención de incidentes violentos, sin vías para la presentación de quejas de probables violaciones de derechos humanos, un servicio de alimentación muy deficiente, condiciones de falta de higiene, incluso en el área médica.
Procedimiento deficiente para la aplicación de sanciones disciplinarias, el personal de seguridad y custodia era insuficiente, sin capacitación ni armamento, recurrencia de actividades ilícitas, deficiente separación entre procesados y sentenciados, e inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad, insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas, insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación; deficiencia en la atención a personas adultas mayores, insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Violaciones a los derechos humanos
Por todo lo anterior, la CNDH calificó a la cárcel de La Pila con un 5.74. De hecho estas condiciones que documentó el organismo se quedan cortas ante la realidad que registró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que realizó una visita y pudo apreciar situaciones más terribles que no se incluyen en el reporte citado.
Por ejemplo, el área de las personas privadas de su libertad y que son inimputables, estaban entre sus propias heces, sin tratamiento médico, en el abandono total. El resto de la población estaba hacinada y sin hacer nada porque los talleres estaban parados por falta de herramientas; los custodios sin armamento ni radios para comunicarse.
Otra irregularidad que se había convertido en un alto riesgo para la salud de los privados de su libertad, fue la acumulación de toneladas de basura, a pesar de haber presupuesto para sacarla ahí se fue quedando ante la vista gorda de los directivos carcelarios. La alimentación era de escasa y de pésima calidad, porque el presupuesto asignado no se aplicaba sino solo una pequeña cantidad, por lo que era obvió el desvío de los recursos.
La terrible situación imperante en La Pila fue calificada por el gobernador Gallardo como otro ejemplo de la “herencia maldita” por los hechos de corrupción y la imposible readaptación de los internos.
El diagnóstico de la CNDH también calificó al resto de las cárceles potosinas, la de Tamazunchale obtuvo un 6.79; la de Rioverde, 7.16; la de Ciudad Valles, 7.71; la de Matehuala, 5.86; y la de Tancanhuitz, 6.72.
