Alberto Rojo Zavaleta, delegado del Instituto Nacional de Migración en 2013, fue hallado culpable del delito de abuso sexual cometido en contra de dos menores hondureñas de 16 y 14 años de edad mientras se encontraban en resguardo de la institución el 4 de noviembre de 2013 por lo que el Juez Segundo de Distrito lo sentenció a nueve años de prisión, el pago de la reparación del daño y la cancelación de cualquier beneficio sustituto de la pena impuesta, pero el exfuncionario está prófugo.
El exfuncionario federal fue denunciado por el Consulado de Honduras en San Luis Potosí luego de que se hicieran públicas las versiones de que, aprovechando el cargo, utilizaba a las migrantes como damas compañía o scorts, pero en el caso de Osiris N, de 16 años, y Alicia N., de 14, la situación se agravó por su condición de menores de edad.
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El proceso penal se identifica como: AP/PGR/SLP/SLP-VI/910/D/2013 con proceso penal 003/2014. De acuerdo con la ficha de sentencia, cuya copia estuvo a la vista de Código San Luis, Rojo Zavaleta, considerado prófugo de la justicia federal, deberá cumplir su sentencia en prisión, toda vez que el Juez Segundo de Distrito le negó los sustitutivos de la pena de prisión y beneficios de la pena condicional.
Asimismo, el exdelegado del Instituto de Migración deberá reparar el daño causado a las víctimas, pero no se dio a conocer el monto de la sanción económica a favor de las agraviadas con el fin de que tengan acceso a atención médica, psicológica y otros servicios generales.
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Otra de las sanciones para el exfuncionario es la destitución del cargo, pero en noviembre de 2013, el titular del organismo, Ardelio Vargas Fosado, lo destituyó ispo facto.
La justicia federal tardó siete años en resolver el entuerto, ahora, solamente deberán darse a la tarea de ubicar al presunto.