Con el objetivo de blindar los derechos electorales de los pueblos indígenas y afroamericanos, el diputado federal por el IV distrito Francisco Adrián Castillo Morales, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 7 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El proyecto, busca incrementar las sanciones para quienes ejerzan presión o manipulación sobre el electorado, particularmente cuando se trate de este sector de la población, el objetivo de proteger sus derechos y garantizar su participación libre y sin coacciones en los procesos electorales.
La iniciativa plantea duplicar las sanciones en casos de presión, intimidación o manipulación del voto de pueblos indígenas y afromexicanos, estableciendo una multa que oscilaría entre los seiscientos días y una pena de prisión de hasta diez años para quienes incurran en estas prácticas. Esta adición responde a la situación de discriminación y desigualdad que afecta a estas comunidades, reconocida tanto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), instituciones que han documentado las barreras en el acceso a derechos fundamentales.
“No podemos permitir que las circunstancias de desigualdad o ignorancia sean usadas para manipular la voluntad de nuestras comunidades originarias. Este proyecto de decreto es un paso firme para garantizar que el voto sea una expresión auténtica y libre de todos los ciudadanos, en especial de aquellos históricamente marginados”, concluyó.
Castillo Morales destacó la importancia de esta medida en un país que alberga a 68 pueblos indígenas y más de 25.7 millones de personas que se identifican como parte de comunidades indígenas.
“Los pueblos originarios de México enfrentan un contexto de vulnerabilidad y desigualdad que los hace especialmente susceptibles a prácticas electorales ilícitas, y esta reforma busca blindar sus derechos y garantizar un voto libre y sin presiones externas”, subrayó el legislador.
La iniciativa será discutida en la Cámara de Diputados en los próximos días y, de ser aprobada, representaría un avance significativo en la protección de los derechos de participación democrática de los pueblos indígenas y afromexicanos, consolidando el compromiso del Estado mexicano con una democracia incluyente y justa para todos.
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