Instalado como diputado local en su amado papel “la mano que mece la cuna”, Cándido Ochoa Rojas ha iniciado una campaña negra para desprestigiar y atacar al presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, quien ha osado “incomodar” a su hermano, otros jueces, magistrados y empleados menores que incrustó en ese poder cuando hacía las veces de vicegobernador del Estado, desde la Secretaría General de Gobierno, suplantando a Fernando Toranzo Fernández, el más corrupto de los gobernadores que haya tenido San Luis Potosí.
Para encubrir su maniobra se vale de las ambiciones de sus protegidos, como la ex magistrada Adriana Monter, a quien le gustó la vida de integrante del Supremo Tribunal de Justicia y cuando se le acabó el “hueso” se quiso aferrar con uñas y dientes, intentando convertir en un asunto de acoso político, un tema estrictamente laboral, porque la señora no quiere regresar a ser secretaria de actas, donde se ha desempeñado durante más de 20 años.
Monter ha hecho declaraciones públicas, la última en el Semanario Proceso, en el que hace gala de su ignorancia inaudita, al pedir la intervención del gobernador Juan Manuel Carreras, insultando y humillando la autonomía del Poder Judicial. Monter se queja porque el presidente Juan Paulo Almazán Cue no la propuso para ser ratificada en el cargo de magistrada, facultad que le concede la Ley.
Pero el caso de Monter es uno de los tantos que alegan protegidos del diputado Ochoa Rojas, quienes no dan crédito a la posibilidad de que se les acaben los privilegios, como es el caso de Julián Ruiz Contreras, amigo y cómplice del legislador del Partido Verde, cuando este fungió como Procurador de Justicia en el Estado, entre 2009 y 2012, época en la cual fueron acusados de ser los amos del crimen organizado en San Luis Potosí y sicarios “oficiales” del temido grupo de los Zetas, que reinó en este territorio durante la administración Toranzo.
Emilio Agustín Ortiz Monrroy y Juan Fernando Salazar Fernández, así como Javier Pérez Contreras, son imposiciones que en su momento hizo Cándido Ochoa en el Poder Judicial, ahora incomodados porque se les remueve o se les cambia de adscripción, pero son incapaces de tener dignidad y renunciar para buscar la vida fuera de la comodidad de la burocracia.
Uno de los casos más sonados de esta célula delictiva, con cargo al Poder Judicial, es la remoción de cuatro jueces, entre ellos Julián Ruiz Contreras, por formar parte del mercado negro de la justicia en San Luis Potosí.
Julián Ruiz Contreras es uno de los jueces más cuestionados, pero todo el tiempo ha gozado de protección, de nada sirve que lo encuentren responsable de irregularidades, si la máxima sanción es removerlo, de San Luis a Venado, de Venado a Matehuala, ahí, donde deba pasar el tiempo para que la gente se olvide de sus fechorías.
Pero la incomodidad de sus protegidos no es todo lo que mueve a Cándido Ochoa para iniciar una guerra sucia contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ni siquiera la suspensión de su hermano el juez Alfredo Ochoa Rojas, quien, según sus allegados, no tiene nada qué ver con su hermano, “éste es un buen hombre”, aseguran. Lo que mueve a Cándido es la posibilidad de que Almazán Cue reciba el impulso del gobernador Juan Manuel Carreras como una opción para buscar la gubernatura en el 2021, aspiración máxima del diputado Verde.
Este grupo de funcionarios judiciales ha buscado, en distintos momentos, apoyo de algunos diputados locales y federales, pero apenas revisan sus trayectorias, los políticos se desmarcan, sólo que ahora la coyuntura política y la renovación, el próximo año, de todos los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, es lo que mueve a este tipo reacciones para quienes en los últimos 10 años han manipulado la Justicia a su antojo.
