La provincia canadiense de Quebec está considerando imponer un impuesto especial a las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19, por “las consecuencias” que supone para el sistema sanitario provincial el coste de la atención a pacientes que se han negado a recibir las vacunas.
La propuesta de Quebec, dada a conocer por el primer ministro provincial, Francois Legault, se produce pocos días después de que el ministro de Sanidad de Canadá, Jean-Yves Duclos, declarase que las provincias canadienses tienen que plantearse hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19.
Legault afirmó en una rueda de prensa que la actitud de los antivacunas tiene “consecuencias” para el sistema sanitario y no es justo que el resto de quebequeses tengan que pagar por su negativa.
El primer ministro quebequés añadió que los negacionistas “ponen una carga muy importante” en el sistema sanitario y que es “normal” que la mayoría de la población exija una respuesta a su actitud.
En las últimas semanas, el rápido aumento del número de casos de COVID-19 por la variante ómicron ha provocado la saturación de los sistemas sanitarios del país. En los últimos 40 días, desde que ómicron se detectó en Canadá, el país ha contabilizado más casos confirmados de COVID-19 que en todo 2020.
La presión sobre el sistema sanitario forzó este martes a la provincia de Ontario, la más poblada de Canadá, a permitir que 300 profesionales sanitarios con titulaciones extranjeras puedan trabajar en hospitales.
Este personal se sumará otros 5 mil 700 trabajadores extra, entre ellos estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina y otros estudiantes de programas sanitarios, que serán contratados en las próximas semanas para intentar aliviar la presión.
Con información de EFE
