En un verdadero mercado se han convertido todas las oficinas de Gobierno del Estado, no importa la dependencia; desde Salud hasta la del Trabajo y Previsión Social, sin dejar de lado Finanzas, Educación, Turismo y Cultura en donde, lejos de atender sus obligaciones como trabajadores del Estado, los burócratas y sindicalizados han encontrado la ocasión perfecta para vender cuanto producto se les ocurre, ya sea por catálogo o por pedido, desatendiendo con ello la responsabilidad que tienen para atender a la ciudadanía.
Nadie duda que la crisis económica es muy fuerte y que la mayoría de las personas requiere de algún ingreso extra para poder cubrir todos los gastos que tiene con los hijos, los servicios de la casa y mucho más, el problema, claramente, es desatender aquel trabajo por el que reciben una buena compensación y por el que, además, un sindicato los defiende para, mejor, jugarle a los emprendedores.
Avón, Fuller, Andrea o Shein son las marcas que más se ofrecen entre la burocracia que busca estrenar zapatidos, ropa o finas fragancias, sin embargo, también hay quienes venden botanitas; la frutita, el cacahuate o la papa frita pa pasar el rato. Algunos otros optan por productos más elaborados que se manejan por pedido, sobre todo hacia el fin de semana; quesos, chorizos, enchiladas y más. La tanda, desde luego, también es cosa de cada quincena y, apenas recibieron su sueldo, el cobrador ya está listo pa quitarles el billetito, desde los 200 hasta los 500 pesos.
Ciudadanos, usuarios y público en general que han acudido a las diversas dependencias para realizar algún trámite coinciden en denunciar el verdadero tianguis que se arma en estos lugares pues la mayoría de los burócratas busca posicionar sus productos con una libretita bajo el brazo en donde van anotando a los deudores y los abonos que reciben.
Los afectados, los potosinos, insisten en que, por donde se vea, esta situación afecta en sobremanera la operatividad del Gobierno del Estado pues los burócratas no cumplen con sus funciones por dedicarse a atender sus negocios, insisten, realizan mientras deberían estar desempeñando un trabajo por el que se les paga con recursos públicos y cuyo salario no ha cesado ni una sola quincena durante toda la pandemia.
