A pesar de que las participaciones federales se han visto disminuidas por la cada vez más anunciada recesión a que se encamina el país, 18 ayuntamientos de San Luis Potosí han buscado el aval de Gobierno del Estado para que les gestione la autorización en el Congreso del Estado para contratar deuda pública por hasta 258 millones de pesos, lo que sería un duro golpe a las finanzas municipales, pues los créditos son un cheque en blanco pues no se especifica los proyectos en los que se utilizaría el recurso ni las condiciones crediticias.
Los panistas Vianney Montes, Ricardo Villarreal Loo y los priistas Martín Juárez y Patricia Silva, intentaron dar madruguete a sus compañeros al presentar en las comisiones de Hacienda del Estado, Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal y gobernación, la solicitud de los millonarios créditos a los ayuntamientos sin explicar siquiera en qué piensan gastarse el dinero del pueblo.
Durante la pasada reunión de las comisiones unidas Ricardo Villarreal, Martín Juárez, Patricia Silva y Marite Hernández buscaron que se aprobara la solicitud de crédito para subirla al pleno durante la siguiente sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, programada para el martes 9 de julio, sin embargo varios integrantes de las comisiones comenzaron a cuestionar las condiciones de los créditos y los proyectos a realizar, como los promoventes no supieron responder, acordaron simplemente citar a los 18 alcaldes para expliquen los proyectos que piensan realizar, lo cual está programado para el 11 de julio, es decir, por más que los esbirros de Gobierno trataron, no pudieron cumplir su palabra, pues se habían comprometido, como ha ocurrido muchas otras veces, a que se autorizaría lo que se pedía.
Otro de los puntos que la solicitud de endeudamiento no contempla es la nueva Ley de Disciplina Financiera, la cual ordena que el crédito deberá ser pagado durante el periodo constitucional del alcalde que lo solicitó, de lo contrario la deuda no será heredada a la siguiente administración, sino que el presidente municipal se llevará la deuda y deberá cubrir con sus recursos y no los del Ayuntamiento.
Fueron varios los diputados que cuestionaron en qué se ocuparía el dinero, pues además de que no había proyectos de infraestructura que avalaran la deuda de los ayuntamientos, tampoco existe una justificación de los millones que quieren. Mientras que Eduardo Martínez alcalde de Xilitla quiere 60 millones, Margarito Chavarría de Tierra Nueva sólo quiere 5 millones, no hay explicación de la disparidad del endeudamiento.
Si bien Xilitla es un municipio que recibe un gran número de turistas anualmente, recibe también participaciones federales por la declaratoria de Pueblo Mágico y la derrama económica que dejan los paseantes, por lo que no se justifica que el maestro Martínez quiera 60 millones de pesos, a no ser que quiera copiar a su cuñado y antecesor y ya piense construir su casita blanca que le costó al pueblo xilitlense 30 millones del águila.
Llaman la atención los casos de Carlos Arrieta de Tancanhuitz que quiere 23 millones, Brisseire Sánchez de Tampacán quiere 19 millones, Erick Verástegui de Santa Catarina quiere 18 millones, ninguno de esos municipios se ha destacado por inversión ni infraestructura, los meses que esos políticos tienen como alcaldes es la han llevado fácil, no han iniciado obras, no tienen proyectos, no han destacado por absolutamente nada, sus nombres apenas saltan a la opinión pública y es por querer despacharse con la cuchara grande.
En Villa de Reyes, el municipio más rico de San Luis Potosí, Erika Briones quiere 13 millones 954 mil 834 pesos, no se sabe para qué. La ex gallardista no ha ejercido los 12 millones de pesos que la federación otorgó a través del FORASEG, tampoco ha rendido cuentas a Cabildo sobre los permisos de construcción que su administración ha otorgado a particulares, empresas, desarrolladores e inversionistas. La administración de Briones es opaca, nadie sabe cuándo dinero entran a las arcas municipales, a excepción de Téllez, que es quien ejerce el recurso. Aún así ella quiere más dinero.
Tras las nuevas disposiciones de leyes financieras, de transparencia, de gasto público, de responsabilidades de funcionarios públicos y todo el paquete que busca combatir la corrupción, la LXI Legislatura se negó a autorizar la contratación de créditos a los alcaldes que lo solicitaron. Habrá que esperar a ver si la LXII Legislatura se anima a endeudar aún más al pueblo o le ponen fin a la fea costumbre de los políticos de gastar a manos llenas con dinero ajeno.
A continuación las solicitudes de deuda pública de los 18 ayuntamientos:
