El portal de noticias El País ha revelado en una reciente investigación una serie de irregularidades en las que participo el Ejercito Mexicano en el periodo 2013 – 2019, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, estas tratarían sobre compras millonarias que la SEDENA realizó a una empresa fantasma.
Según informa el portal, el Ejército Mexicano habría desviado 240,5 millones de pesos unos 14.8 millones de dólares durante el mencionado periodo, mediante compras a la empresa DRM Aceros Internacional, misma que actuaba en confabulación con otras compañías y que lograron obtener millonarios contratos por supuestos insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares.
Una investigación concluida en 2018 determinó que la mencionada empresa no existía y trabajaba bajo información falsa, al no contar con empleados ni con infraestructura real, incluso las direcciones de los dueños y de las supuestas oficinas jamás fueron verificadas.
La instancia de la Sedena que otorgó los contratos fue la Dirección General de Industria Militar, un órgano técnico que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares que utiliza el Ejército para su operación. La mayoría de las contrataciones fueron por adjudicación directa e invitación a al menos tres personas, es decir, sin una convocatoria abierta de contratación (licitación pública). La Defensa Nacional es la única dependencia federal que firmó contratos con esta compañía desde que se constituyó, ya que no hay registros de compras hechas por otras dependencias federales de Gobierno.
La compañía habría obtenido los contratos participando en licitaciones ficticias ya que los otros dos contendientes eran en realidad empresa que confabulaban con ella y ofrecían los mismo servicios a precios aun más elevados o con limitaciones que obligaban a elegirla como mejor postor. Sin embargo, la investigación también revela que los productos que supuestamente se habrían adquirido con la empresa fantasma fueron comprados a sobreprecios de hasta el 143.9 %.
El acero lo vendió a la Dirección de Industria Militar con un sobreprecio de 143,9%, ya que el material costaba 8,3 millones de pesos (522.637 dólares al tipo de cambio de entonces), pero DRM Aceros lo vendió en 26,7 millones de pesos (1,6 millones de dólares). Además, el órgano fiscalizador señaló que era probable que estuviera incumpliendo sus obligaciones fiscales porque, con los datos proporcionados por Hacienda, se pudo constatar que la firma realizó importaciones de acero, pero en su declaración anual de 2015 nunca informó de estas compras.
Los datos recabados por la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa muestran el abuso que la Defensa Nacional ha hecho de la asignación directa. Mientras que en 2013, al inicio del sexenio de Peña Nieto, apenas asignaban 270 millones de pesos (21,1 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), en 2018, el último año de ese gobierno, la cifra alcanzó los 3.270 millones de pesos (170 millones de dólares). Ahora con López Obrador la Sedena entregó contratos por 5.000 millones de pesos (259,6 millones de dólares) en 2019 sin lanzar una convocatoria de contratación, detalla Fernández. Estas asignaciones que carecen de transparencia pueden dar margen a actos irregulares en las contrataciones. “La Sedena debe rendir cuentas y debe haber un escrutinio para evitar corrupción. No se vale decir que porque son el Ejército hay un honor intangible que hace que sus contratos estén rodeados de un aura que los protege (de anomalías)”, menciona.
Tras la resolución de la investigación en 2019 poco o nada se ha realizado para esclarecer las cosas, dar con el dinero desviado o sancionar a los reponsables. El reportaje señala que las contrataciones se dieron durante la gestión de Gerardo Rubén Serrano Herrera, quien era titular de la Dirección de Industria Militar y actualmente se encuentra retirado de las fuerzas armas.
Tras el Gerardo Serrano el puesto lo ocupo Fausto Lozano Espinoza, quien sostuvo el puesto hasta 2016 y también participo en las compras ficticias, también se encuentra retirado de las fuerzas armadas.
La Contraloría del Ejército decidió inhabilitar y multar a la empresa de acero con 98 mil 140 pesos (alrededor de 5.000 dólares) hasta octubre de 2019, casi tres años después de que la Auditoría le notificara las anomalías en las que incurrió. La sanción fue porque se comprobó que había presentado información falsa, vendió insumos con sobreprecio y actuó como intermediario de los bienes que comercializó a la Defensa Nacional. En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación se pedía a las dependencias federales y a los estados “abstenerse” de contratar a la compañía durante tres meses. Aunque la inhabilitación concluyó en febrero pasado, a la fecha la empresa continúa impedida para celebrar contratos públicos porque no ha pagado la multa.
Con información del PAIS
