La Auditoría Superior del Estado (ASE) sentenció tajantemente que no tolerará ningún acto de corrupción o malos manejos de recursos públicos en el Ayuntamiento de Matehuala, ello, luego de las denuncias que Código San Luis ha compartido en torno a los pagos que el alcalde, Iván Estrada Guzmán, ha hecho a favor de una persona física de nombre Jorge Octavio Martínez García quien, como supuesto proveedor, otorga un servicio que consiste en la anulación de impuestos, lo que representaría la comisión de un delito.
Ayuntamiento de Matehuala paga millones por servicio fantasma
Ante esta situación, la ASE se pronunció:
La Auditoría Superior del Estado se encuentra abierta a recibir denuncias por los cauces legales, en relación con el caso de proveedores del Municipio de Matehuala o de cualquier otro ente fiscalizable.
En el caso particular de Matehuala denunciado públicamente por el medio de comunicación “Código San Luis” se detectó a un proveedor que presuntamente ha recibido en lo que va de este ejercicio 2022, cinco pagos por un monto de 4 millones 903 mil pesos, por concepto de “Anulación de impuesto a cargo, parte actualizada y recargos, a través desarrollo de compensación IVA contra ISR por sueldos y salarios.
Aunque los datos dados a conocer por “Código San Luis” corresponden a operaciones llevadas a cabo en el presente ejercicio fiscal 2022, que aún no está sujeto a procedimiento formal de auditoría, la ASE se pronuncia totalmente por la no tolerancia de actos cometidos por particulares vinculados con faltas administrativas graves, relacionadas con el desvío de recursos.
Lo anterior, en razón de que la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que los actos de proveedores que se consideran vinculados a presuntas faltas administrativas graves son soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos, cuyo plazo de prescripción es de siete años.
Por tanto, en caso de que los resultados de la auditoría al ejercicio 2022 que se practique al Municipio de Matehuala, arroje que el particular en mención o cualquier otro, incurrió en uno o más de los delitos que se enlistan en el párrafo anterior, deberá ser castigados por la autoridad competente, con sanción económica; inhabilitación temporal para participar en adquisiciones y otros. Asimismo, en caso de tratarse de una persona moral, ésta podrá ser sancionada además, con la suspensión de actividades y disolución de la sociedad respectiva.
Finalmente, en cuanto a las faltas que se compruebe cometieron los funcionarios públicos vinculados con los particulares que sean señalados, éstas incluyen la inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos y cárcel, de acuerdo a su grado de participación en los actos que se configuren como delitos.
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Tranza por servicios fantasma en el Ayuntamiento de Matehuala es de 25 millones
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