El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que concluyó el plazo que la ley otorga para que los entes obligados entreguen la documentación comprobatoria y justificativa que solvente el Pliego de Observaciones definitivo, incluido en los Informes Individuales de Auditoría a las Cuentas Públicas 2023.
Lo anterior significa que una vez terminado el proceso de auditoría al ejercicio 2023 y notificadas las acciones y recomendaciones que integran los informes finales a los entes fiscalizados, éstos tuvieron su última oportunidad para desahogar las observaciones en las que se determinan los daños y perjuicios al patrimonio y Hacienda Pública de las entidades revisadas. “De hecho, tenemos ya un muy significativo porcentaje de entes obligados que acudieron a entregar su documentación, en realidad faltan muy pocos”, puntualizó el Auditor Superior.
Rodrigo Lecourtois señaló además que a partir de la recepción de documentos, el Instituto cuenta con 60 días hábiles para determinar las observaciones no solventadas y dentro de los 30 días hábiles posteriores, informará al Congreso las acciones finales que emitirá, como resultado de la fiscalización a las Cuentas Públicas 2023. En caso de persistir la no solventación de una o varias observaciones, el organismo fiscalizador procederá conforme la ley establece.
Esto es, notificará a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen los procedimientos respectivos; promoverá ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa u órgano interno de control la imposición de sanciones por faltas administrativas graves o no graves -según corresponda-, mediante el informe de presunta responsabilidad administrativa.
Para concluir, Lecourtois López detalló que a través de la denuncia penal hará de conocimiento a la Fiscalía General del Estado la posible comisión de hechos delictivos, tal como lo hizo previamente con las últimas cuatro denuncias presentadas, y por medio de la solicitud de juicio político hará lo propio ante el Congreso del Estado, en el caso de omisiones o presunción de actos irregulares o con apariencia de delito, de los servidores públicos.
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