A cuatro años del homicidio del joven Uriel González, en el municipio de Villa de Reyes, quien murió a manos de unos pandilleros que agredían momentos antes a una mujer, a quien Uriel habría defendido, el caso tomó un rumbo legal que podría derivar en la pronta libertad de los responsables.
Los hechos ocurrieron en abril del 2022, cuando el joven, estudiante del Conalep y conocido ampliamente en el municipio por su labor como maquillista, se encontraba en el centro de la cabecera municipal acompañado de un grupo de amigas. Según narran testigos, un grupo de sujetos bajo los efectos del alcohol interceptó a los jóvenes y comenzó a hostigar a las mujeres; al intentar defenderlas, Uriel fue brutalmente golpeado y herido con un arma blanca, provocándole lesiones que le arrebataron la vida poco después.
Luego de las pesquisas y el arresto de los presuntos responsables, la expectativa de la familia era alcanzar una sentencia condenatoria de entre 40 y 60 años de prisión por el delito de homicidio. Sin embargo, en las audiencias más recientes se informó sobre una modificación en la calificación del delito, pasando de homicidio doloso a una «riña».
Bajo este nuevo delito, la pena máxima se reduciría a solo cuatro años de cárcel. Debido al tiempo que los acusados ya han permanecido en prisión preventiva, esta reclasificación permitiría que los implicados recuperen su libertad el próximo año 2027.
Ante esta situación, familiares y amigos de la víctima han manifestado su rechazo e indignación, argumentando que no existió una disputa mutua, sino un ataque directo contra un joven que actuó para proteger a una mujer de una agresión.
Familiares y amigos de Uriel afirman que calificar su brutal asesinato como una simple pelea de pandillas ignora la naturaleza de los hechos y beneficia a los agresores, quienes presuntamente utilizaron armas blancas y ventaja numérica para someterlo y arrebatarle su futuro.
La comunidad de Carrera Torres y de los seres queridos de Uriel claman a las autoridades justicia para que se revalore su caso. Exigen que el sistema judicial no permita que la muerte del estudiante quede impune mediante beneficios que no corresponden a la gravedad de los hechos.
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