Un operativo llevado a cabo el 15 de diciembre en Comitán, Chiapas, resultó en la detención de 135 personas, entre ellas 92 policías municipales, acusados de coludirse con el crimen organizado. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) implementó la operación con el objetivo de desmantelar 25 negocios relacionados con la venta de drogas, pero los oficiales locales intentaron obstruirla.
Según la Fiscalía estatal, los policías arrestados trataron de evitar el operativo a través de diversas acciones, como amenazar a los operadores del C5 y alentar a la población a bloquear carreteras. A pesar de estos esfuerzos, la intervención continuó, resultando en la captura de 92 agentes de seguridad, 13 presuntos narcotraficantes y 30 civiles que también intentaron impedir el procedimiento. Durante el operativo, las autoridades decomisaron marihuana, cristal, cocaína y dinero en efectivo.
Este evento ocurre en un contexto de conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en la región, lo que ha generado incertidumbre sobre si las acciones del gobierno de Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, se alinean con una estrategia imparcial o responden a los intereses de algún bando. Sin embargo, Ramírez se mostró firme en su postura: «Aquí no hay cabida a la impunidad… quien tenga una colusión con la delincuencia organizada se va a enfrentar con la ley», declaró.
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