Con un evidente nerviosismo, los presidentes municipales Howard Aguilar y Armando Torres, de Cedral y Villa de La Paz, respectivamente, se presentaron ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para entregar respuesta a las observaciones derivadas de la auditoría a la Cuenta Pública 2023. El titular del organismo, Rodrigo Lecourtois López, reveló que en San Luis Potosí existe un escenario alarmante de irregularidades que ponen en entredicho la correcta administración de los recursos públicos.
Fuentes cercanas comentaron que ambos servidores públicos sudaban frío durante la entrega, lo que ha generado especulaciones sobre la gravedad de las irregularidades detectadas. Si bien los detalles de las observaciones aún no se han hecho públicos, se sabe que estas podrían ser de impacto, luego de que en auditorías pasadas, resultaron varios millones de pesos sin comprobar.
Entre las principales anomalías detectadas a los entes auditables por el IFSE se encuentran un gasto excesivo en propaganda gubernamental sin la debida justificación, erogaciones millonarias que no se reflejaron en obras o acciones concretas para las que fueron destinadas, así como recursos públicos adjudicados a empresas que resultaron ser inexistentes o que no contaban con la capacidad para llevar a cabo los trabajos contratados.
Los resultados de esta auditoría serán cruciales para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales por el mal manejo de los recursos públicos, dado el historial que han generado ambos presidentes en Cedral y La Paz.
En el caso de Howard Aguilar existen señalamientos por el presunto sobreprecio que manejó en la distribución de agua potable que, a decir de cedralenses, no se vieron pipas abasteciendo el líquido. Por su parte, Armando Torres, El Jícama, carga presuntas anomalías por desvío de dinero para la campaña electoral del 2024.
Ambos políticos tienen la responsabilidad de explicar al IFSE cada una de las observaciones que les fueron especificadas por las inconsistencias. Luego de este proceso el instituto fiscalizador revisará si los medios de justificación realizados por los alcaldes son válidos y de no ser así se llevarán a cabo las respectivas investigaciones penales.
La sociedad civil ha mostrado gran interés en el desenlace de esta auditoría, ya que esperan que se esclarezca si hay o no actos de corrupción y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
