La reciente liberación de millones de documentos relacionados con la investigación del financiero Jeffrey Epstein ha vuelto a sacudir a la opinión pública internacional, al revelar múltiples referencias a México y a figuras prominentes del ámbito político y empresarial, en uno de los casos de tráfico sexual más graves de la historia reciente.
De acuerdo con los archivos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, México aparece mencionado en reportes, correos electrónicos y testimonios que documentan visitas de Epstein a destinos turísticos como Puerto Vallarta, Cancún y Tulum, así como la organización de reuniones sociales en estos lugares. En algunos intercambios de correos se menciona incluso la posibilidad de inversiones inmobiliarias y proyectos en territorio mexicano.
Entre los documentos destaca una denuncia recibida por el Federal Bureau of Investigation (FBI) en julio de 2019, en la que un ciudadano estadounidense aseguró la existencia de una supuesta red internacional de trata de menores con posibles vínculos en México. El propio FBI dejó constancia de que no se presentó evidencia que sustentara dichas acusaciones, por lo que quedaron asentadas únicamente como declaraciones.
Los archivos también muestran vínculos sociales y encuentros de Epstein con empresarios de alcance global y figuras mexicanas, como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim y Paula Cussi, principalmente en contextos de cenas privadas, intercambios de correos o gestiones culturales y empresariales. Los documentos aclaran que estas menciones no implican participación en actividades ilícitas, sino que reflejan relaciones sociales o de interés económico.
Asimismo, en algunos reportes se mencionan denuncias posteriores que involucran a organizaciones criminales y a figuras políticas internacionales; sin embargo, las autoridades estadounidenses subrayan que varios de estos señalamientos carecen de pruebas verificables.
La difusión de estos archivos ha reavivado el debate global sobre la influencia real de la red de Epstein en círculos de poder, así como sobre los límites entre las relaciones sociales, los intereses económicos y la impunidad que durante años rodeó al caso.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses continúan revisando el material desclasificado, en un proceso que podría arrojar nuevos datos, pero que también obliga a distinguir con claridad entre hechos documentados y acusaciones no comprobadas.
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