Luego de que ayer por la tarde el director de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, Edgar Jiménez Arcadia, acompañado por al menos cuatro policías municipales, tres mujeres y un hombre, desalojaron, con lujo de violencia a Teresa N., quien fungía como suplente en la Oficialía del Registro Civil No. 11, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó a través de un comunicado oficial que constató que a través de su visitador, quien atestiguó todo sin intervenir y sin detener la agresión, que el jefe policiaco es culpable de usar violencia física y política contra Teresa N.
La CEDH a través de un visitador, estuvo presente durante la acción policial de desalojo y arresto de la abogada Teresa N., sin embargo a pesar de que se utilizó la fuerza pública y se violó sus derechos humanos, laborales y políticos, el visitador no intervino para detener el uso de la fuerza de las tres mujeres policía contra la oficial del Registro Civil, convirtiéndose en cómplice por omisión.
A raíz de todo esto, una vez que Teresa N. interpuso la correspondiente queja ante la CEDH, el organismo informó, a través del comunicado oficial, que:
Este Organismo Constitucional Autónomo acudió como observador a petición de la víctima, por lo que se pudo constatar y documentar la actuación de la Policía Municipal de San Luis Potosí, a cargo del Director Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, comprobando que fue este servidor público quien ordenó el uso de la fuerza, sin que mediara orden judicial alguna que legitimara su actuar.
Informó que ya inició un expediente contra la Dirección de Seguridad Pública Municipal “por violentar los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal y al trato digno”, aunque no aclara si es contra la institución o el titular Edgar Jiménez Arcadia.
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos condena el exceso en el uso de la fuerza pública por los elementos de la policía municipal de San Luis Potosí, haciendo evidente su nulo respeto por los derechos humanos.
Por si fuera poco, la CEDH anunció que:
Organismo Constitucional Autónomo NO PARTICIPARÁ más en los operativos anti alcohol efectuados por el gobierno municipal, ya que desde el mes de marzo de 2019 se envió un oficio dirigido al Ayuntamiento capitalino solicitando que se convocara a los titulares de las cámaras empresariales y propietarios de bares y restaurantes, para que en conjunto se difundieran programas preventivos que concienticen sobre los riesgos que implica combinar bebidas embriagantes mientras se conduce, con el fin de no convertir esta acción en una medida recaudatoria, de esta solicitud no se ha obtenido respuesta.
Asimismo, se han emitido dos recomendaciones a este Ayuntamiento, la 16/2018 pronunciada en septiembre de 2018 por el caso de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, de los pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos y su derecho a la ciudad, la cual fue aceptada, sin embargo, a la fecha este Organismo Autónomo no cuenta con evidencia que ACREDITE SU CUMPLIMIENTO.
Además de la Recomendación 7/2019 que NO HA SIDO ACEPTADA sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que habita en el municipio de San Luis Potosí.
La CEDH siempre ha colaborado para trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, pero hasta el momento ha sido evidente que no existe reciprocidad con el actuar, por lo que se hace un respetuoso exhorto al Ayuntamiento de San Luis Potosí a la observancia y respeto de los derechos humanos.
