Las comisiones de Puntos Constitucionales, Régimen Interno y Asuntos Electorales, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gobernación, aprobaron el dictamen que armoniza la Constitución local a la reforma federal en materia de simplificación orgánica publicada el 12 de diciembre de 2024.
De esta manera, se establece que la responsabilidad y garantía del derecho humano a la transparencia, recaerá en el Poder Ejecutivo del Estado a través de un organismo desconcentrado de la administración pública estatal sectorizado de la Contraloría General del Estado.
Igualmente, tanto los poderes Legislativo, Judicial y Organismos Constitucionales Autónomos deberán, a través de sus órganos internos de control, dar garantía y cumplir lo establecido en la Ley General de Transparencia. Así, se extingue de manera definitiva a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
Se crea el Subsistema de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, que será el mecanismo para la coordinación entre las distintas autoridades garantes en el estado, en sus ámbitos de competencia, a fin de fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia y acceso a la información pública así como unificar e implementar los criterios y lineamientos.
Los derechos laborales de los trabajadores de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública serán respetados en su totalidad y los recursos humanos con los que cuenta dicha comisión, habrán de formar parte de la institución que ahora asuma las funciones de transparencia.
La Comisión de Puntos Constitucionales afirmó que la reforma responde a los objetivos de armonización constitucional, cumpliendo el mandato transitorio federal que obliga a las legislaturas locales a adecuar su marco jurídico.
Con la eficiencia institucional, se evitan estructuras paralelas, se privilegia esquemas de control y vigilancia integrados al Sistema Estatal Anticorrupción y cada ente obligado deberá asumir sin intermediarismo su deber constitucional de garantizar la transparencia y proteger los datos personales.
El dictamen no elimina derechos, por el contrario, reafirma el carácter de derecho humano del acceso a la información y de la protección de datos personales, fortalece el principio de máxima publicidad y establece que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos bajo principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas.
El dictamen será sometido a la consideración del Pleno para su votación correspondiente.
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