Los repartidores de comida por aplicación representan un mercado laboral importante en nuestro país. Su consolidación se dio durante la pandemia, pero nadie se hacía responsable de su condición laboral porque a los dueños de empresas como Uber, Didi, Rappi y otras, la legalidad les importa un cacahuate.
Estas empresas transnacionales se las han ingeniado para no pagar impuestos. En el caso del servicio de transporte, operan en la ilegalidad, pero no hay poder humano ni político que las meta en orden. A esto contribuye el deficiente servicio del transporte colectivo y de los llamados taxis.
En cuanto a los repartidores de comida, la mayoría son jóvenes que buscan recursos para costear sus estudios o contribuir al ingreso familiar.
En San Luis Potosí, han sufrido los embates de la inseguridad. Sin embargo, la mayoría son personas de buen corazón, solidarias y ordenadas (aunque, a la hora de entregar los pedidos, desafían el tráfico temerariamente).
Su iniciativa de apoyar a los bomberos durante la huelga que realizaron para solicitar prestaciones laborales justas les hizo ganarse el respeto de los potosinos.
Tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo, los repartidores de comida por aplicación podrán contar con seguridad social, es decir, seguro social, Infonavit, derecho a aguinaldo, utilidades y otras prestaciones de ley.
La formalidad los convertirá en empleados de las aplicaciones, pero los señores diputados no imponen obligaciones a los dueños globales de estas empresas; las trasladan a los emprendedores locales: aquellos que montan una tortería, un restaurante de alitas, una cenaduría o un lugar de desayunos.
De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, deberá iniciarse un proceso para que los trabajadores y sus empleadores tomen acuerdos. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que serán los consumidores finales quienes absorban el costo de formalizar a los repartidores como trabajadores.
Es decir, si usted pide tamales a La Blanquita y normalmente le cuestan 200 pesos, ahora le costarán eso más lo que implique el pago del seguro social y el resto de las prestaciones para el repartidor, además de la propina.
En algún apartado de la nueva ley se menciona que las plataformas estarán obligadas a inscribir a los repartidores en el Seguro Social y el Infonavit, además de darles vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades.
Este gato quiere ver dónde encontrarán a los dueños o responsables en México de esas plataformas, que operan con representantes legales y que en ninguna parte del mundo ofrecen prestaciones a los repartidores. ¡Miauuu!
Cavilaciones
Primera: Ayer inició formalmente el maratón Guadalupe-Reyes. Según estudios del IMSS, entre el 12 de diciembre y el 1 de enero, los potosinos aumentan entre tres y diez kilos de peso. ¡A ver si se van moderando! ¡Grrrrñiau!
Segunda: Los legendarios integrantes del Yunque, un grupo de ultraderecha que militaba en el PAN, tienen la intención de conformar un nuevo partido. En San Luis Potosí fueron poderosos con el icónico Francisco Xavier Salazar Sáenz, quien desertó de Acción Nacional y se fue a Movimiento Ciudadano. El esfuerzo para conformar el nuevo partido lo encabeza Iván Peña Neder, un hombre que tuvo mucho poder en el gobierno de Fernando Silva Nieto.
Tercera: El América ganó su primer juego de la final ante Monterrey, tomando ventaja en la lucha por el título. Las Águilas se impusieron con autoridad, dejando claro que están listas para ser tricampeonas. ¡Habrá que ver si los Rayados logran remontar en el partido de vuelta!
