El gobierno de Cuba, enfrentando una crisis económica sin precedentes, ha declarado oficialmente una «economía de guerra» como medida urgente para mitigar los efectos devastadores que están afectando a la población cubana. Esta decisión fue anunciada por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz en una reunión del Consejo de Ministros, destacando la necesidad de implementar ajustes drásticos para estabilizar la economía nacional.
Las causas de la crisis son diversas y complejas, incluyendo el embargo económico impuesto por Estados Unidos, los impactos continuos de la pandemia de COVID-19, la ineficiencia del modelo económico estatal y problemas de gestión gubernamental. Esta combinación ha resultado en una escasez generalizada de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, así como en un aumento alarmante de la inflación y el desempleo en el país.
Entre las medidas adoptadas para enfrentar la crisis se incluyen la reducción del gasto público en programas no esenciales, el aumento de impuestos, la devaluación del peso cubano para mejorar la competitividad internacional, el estímulo a la producción nacional y la búsqueda activa de inversiones extranjeras.
La viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo, explicó que estas medidas buscan corregir los desequilibrios macroeconómicos y aumentar el flujo de divisas hacia el país. Sin embargo, estas acciones han generado críticas y preocupaciones entre algunos sectores de la población cubana, especialmente sobre el impacto que tendrán en los más vulnerables.
El gobierno cubano también ha solicitado ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para mantener la distribución de leche subsidiada a niños menores de 7 años, subrayando la urgencia de la situación humanitaria.
Además, se ha anunciado una política de precios únicos y medidas para reducir la evasión fiscal, con el objetivo de fortalecer la economía interna y mitigar los efectos adversos de la crisis en los ciudadanos.
La declaración de «economía de guerra» refleja la gravedad de la situación económica en la isla, comparable incluso con el período especial de los años 90. A pesar de estos desafíos, el gobierno cubano insiste en que estas medidas son necesarias para preservar la estabilidad y avanzar hacia una recuperación económica sostenible.
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