
Anarquía y caos han sido el resultado de las pataletas hechas por el presidente municipal de Santa María del Río, Israel Reyna Rosas, quien, luego de que diversas autoridades le detectaran una serie de irregularidades y de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje le embargaran una cuenta bancaria como garantía del paso de un laudo millonario, se ha valido de cuanta artimaña ha tenido a su alcance para presionar a las instituciones públicas y seguir lucrando con los recursos públicos.
Desde muy temprana hora de este martes 3 de marzo, habitantes de Santa María del Río arribaron a las oficinas del TECA para bloquear su acceso. Con pancartas y toda clase de consignas exigían la liberación de las cuentas embargadas. A la par, sobre la Carretera 57, avanzaba un numeroso contingente conformado por habitantes de dicho municipio y encabezado por el propio presidente municipal, quien abandonó el Ayuntamiento para acudir a la capital a protestar contra un hecho enmarcado en la legalidad. En el Centro Histórico, los manifestantes bloquearon las calles Madero y Díaz de León mientras que en la 57 se registraron afectaciones considerables ante la imposibilidad de miles de transportistas para continuar con su ruta.
De acuerdo con información proporcionada, a finales de la Administración 2009-2012, el entonces presidente municipal, Pascual Martínez, firmó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje un convenio para pagarle a Baltazar N., un trabajador municipal, el monto de 2 millones 336 mil pesos. Dicho convenio también estipulaba que en caso de no cumplir se pagarían 5 mil pesos diarios. Del 2012 al 7 enero del 2020 el monto supera los 14 millones de pesos. Ante la falta de pago, el TECA determinó embargar una cuenta en donde se encontraron 20 millones de pesos, resultado de un posible subejercicio de recursos federales que estaban siendo utilizados de manera irregular para generar intereses a favor, presuntamente, de Reyna Rosas y varios funcionarios de su propio gabinete.
Ante la imposibilidad del alcalde de Santa María para continuar haciendo sus negocios y lucrar a costa de los recursos públicos, inició una campaña de desprestigio en contra de la presidenta del TECA, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, valiéndose del apoyo de funcionarios de diversos niveles de gobierno.
Laudo laboral se vuelve negocio de 11 millones para el alcalde de Santa María