Un desaforado intento por garantizar buena paga con poco trabajo llevó a funcionarios de primer y segundo nivel del Gobierno del Estado a querer a asegurar a sus amigos, compadres, amantes, hijos, hijas y sobrinos, mediante el otorgamiento de basificaciones en complicidad con algunos sindicatos de burócratas que aprovechando el fin de sexenio llevan agua a su molino.
El escándalo se desató luego de que un “alma caritativa” filtró una solicitud del Instituto de Pueblo Indígenas en la que demanda la basificación de un joven que tiene años en espera de una oportunidad y que gana el salario mínimo. Se trata de Carlos Iván González un muchacho que habla Nahuatl y que reporta un buen desempeño pero que no ha tenido padrinos para lograr una base laboral.
El oficio fue publicado en el perfil de facebook del Gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona lo que desató los demonios en todas las dependencias de gobierno donde los titulares se chupaban los dedos con bases para sus allegados, amigos, parientes, compadres, amantes y demás burócratas hijos e hijas de funcionarios que quieren permanecer pegados a la urbe de gobierno bajo la ley del menor esfuerzo.
#AltoalAbuso #Nomasbasesparainfluyentes fueron los hashtags que dominaron los comentarios de trabajadores de gobierno que tienen años en espera de una oportunidad y que hacen el trabajo de la pesada carga de burócratas sindicalizados que se rehúsan a laborar en forma efectiva.
Las lideresas de los sindicatos vieron peligrar sus negocios personales pero sólo Francisca Reséndiz, dirigente del SITTGE , ex precandidata de MORENA al gobierno pudo hablar con el gobernador, Juan Manuel Carreras, para garantizar su solicitud de última hora para basificar a 60 flojonazos . Nadamas a este sindicato, durante el gobierno carrerista le dieron mil bases sindicales para policías, mismos que utiliza para intimidar a funcionarios, periodistas y todo aquel que se oponga a sus costosos caprichos.
Alterada por la publicación del gobernador electo, entró en pánico pero al reponerse exigió “el cumplimiento de acuerdos” mismos que considera un pago por haber “Reventado” la alianza Verde-Morena al gobierno del Estado.
En los comentarios a la publicación de Gallardo Cardona se pueden ver perfiles de trabajadores de gobierno que tuvieron que trabajar durante la pandemia porque la mayoría de los sindicalizados se decían enfermos mientras publicaban fotografías desde una playa o una ciudad colonial.
Personas de gran reconocimiento por su labor en las instituciones externaron su opinión como un acto de justicia a la advertencia del gobernador electo para frenar el otorgamiento de bases a influyentes amigos y parientes de funcionarios.
En la Secretaría de Cultura, cuyo titular es Armando Herrera, expresaron su molestia por la basificación de Alfredo Narváez Ochoa, director de una casa de cultura. Alias “Pingo” percibe la compensación más alta de la secretaría y ahora tendrá su basecita a pesar de que nunca acata instrucciones ni trabaja, ni se presenta a su responsabilidad y cuando intentan reprenderlo, hace un berrinche, acto seguido, el gobernador llama para que lo dejen hacer lo que quiera. Sus pataletas le han valido severos regaños al titular de la secretaría y contratación (violando la ley) de una empresa de su propiedad en diversas dependencias de gobierno.
En la Secretaría de comunicaciones y transportes, el contralor, Carlos Hernández metió a trabajar a su yerno en tanto que la administradora, Laura Gómez y Ricardo Guevara aprovecharon la salida del secretario, Fernando Chávez, para hacer de las suyas lo que incluye extorsiones a taxistas y el intento por basificar a sus cercanos.
Las alarmas se encendieron también en los invernaderos Santa Rita, Sedarh y una parte de la Secretaría de Finanzas donde se manejan a discreción los recursos de las multas, una nómina secreta, la lista de compensaciones y otros recursos.
El forcejeo entre funcionarios por el fin de sexenio está en su punto máximo, lo que incluye el pago de proveedores solo a consentidos o recomendados directamente por el gobernador o a aquellos que utilizan amenazas y otras herramientas de intimidación contra los titulares de despacho.
