¿Quién pudiera decir que México vive en una plena democracia? Seguramente nadie en su sano juicio se atrevería a realizar tal aseveración, sobre todo si consideramos los múltiples ejemplos de simulación que hemos visto en este y en otros gobiernos, pero es innegable que desde hace muchos años se han dado importantes avances que dibujan un mejor Estado que el que se tenía durante la dictadura perfecta.
Estos avances democráticos, solo son entendidos si consideramos que transitamos de un hiperpresidencialismo a un Estado en que las autonomías y el Poder Judicial lograron poner frenos al poder del presidente; pasamos de una obediencia ciega al “Jefe de las Instituciones”, a un sistema en que el poder se diluyó entre diversos actores que poco a poco fueron entrando al escenario.
Los órganos constitucionales autónomos fueron instituciones que se diseñaron partiendo de la premisa de disminuir el poder del Presidente, con el animo de privilegiar la toma de decisiones con una óptica mucho más técnica y que el apartado político tuviera poco margen de injerencia en esos sectores, ya que dicha injerencia hacía perder la objetividad que es una de las bases de la burocracia.
Bajo esta óptica es que dejamos de entender que la política económica de México se definiera desde Palacio Nacional y con tintes netamente electorales; o que el Presidente fuera el vigilante del proceso electoral de quien se desempeñaría como su sucesor, con un claro conflicto de interés; que los funcionarios pudieran decidir a discrecionalidad que información se debía conocer y cual se debía ocultar; y claro que las concesiones de radio y televisión fueran entregadas gratis para los amigos del mandatario en turno.
Por ello desde 1994, hemos sido testigos del nacimiento de un importante número de instituciones que han logrado normalizar un Estado que deja de lado temas político-electorales para privilegiar decisiones eminentemente técnicas en sectores fundamentales de la vida pública; Banco de México como velador del poder adquisitivo de nuestra moneda, la CNDH para la protección de los Derechos Humanos; el INE como garante de los procesos electorales; INEGI como el banco de información confiable, así mismo surge el Instituto de Transparencia y de Protección de Datos Personales; Instituto Federal de Telecomunicaciones y Competencia Económica, entre otros.
Todas estas instituciones nacen en el llamado periodo “neoliberal”, pero no por ello debemos condenarlas y decir que no merecen existir ya que su trabajo ha permitido dar esos pasos necesarios para ser un país más democrático e incluso dar más bienestar a los mexicanos, aún cuando muchas veces esto no se perciba o no se valore por el grueso poblacional.
Parece que ya muchos se olvidaron aquellos años de fraudes electorales, o el costo excesivo y abusivos de los servicios de telefonía y telecomunicaciones; ya pocos recuerda las investigaciones importantes que nacieron desde la Comisión de Derechos Humanos, en que el Estado abusaba de su poder y de la fuerza pública, o las notas periodísticas que desnudaron la corrupción que pudieron realizarse por los portales de transparencia del propio Gobierno; o que decir del gran logro de tener una inflación controlada en los últimos años; y por supuesto de la facilidad que hoy representa el confiar en datos exactos emitidos por el INEGI.
En el 2006 el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador dijo en la plaza pública: “al diablo con sus instituciones” y en estos días justamente propone dilapidar los avances democráticos que garantizaron esos órganos autónomos; y todo esto bajo el argumento de una austeridad entendida como recortes presupuestales en aquello que no genera aplausos para el titular del Ejecutivo.
Andrés Manuel López Obrador a dos años de gobierno parece haber olvidado que en gran medida él se encuentra sentado en la silla presidencial gracias al trabajo de esas instituciones que hoy manda al diablo; no se puede entender el triunfo de AMLO, sin las denuncias de corrupción como la casa blanca o las investigaciones de Tlatlaya o las de la propia guardería ABC, no se puede pensar en transición democrática, sin procesos electorales equitativos, no se puede imaginar a nuestra democracia, sin esos contrapesos que hoy hacen los autónomos; y todo esto es lo que abonó a que el presidente ganara la elección en el 2018 y pudiera estar sentado en Palacio Nacional
Centralizar el poder no es una opción, esta batalla no es de afinidad política o de simpatía hacia el mandatario, defender los autónomos es algo que debemos hacer porque solo hasta que perdamos los pasos que hemos ganados en el camino hacia la democracia, veremos realmente el valor que tenían estas instituciones para nuestra incipiente democracia. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes cuando las acciones siguen encaminadas a mandar; “al diablo con sus instituciones”
