La encargada de Despacho de la Auditoría Superior del Estado, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, manifestó que la ley otorga al organismo fiscalizador, atribuciones plenas para revisar ingresos propios a todos los entes públicos del Estado potosino.
En el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este organismo constitucional autónomo está obligado a rendir cuentas de varios cientos de millones de pesos a todos los potosinos, por concepto de ingresos propios recaudados durante el ejercicio fiscal 2022, en aras de garantizar la transparencia del origen, uso y destino de dichos recursos.
Agregó que la ASE tiene la obligación legal de fiscalizar a todos los organismos autónomos y que una omisión de esa naturaleza trae consigo consecuencias legales; los órganos autónomos reconocidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí son entes públicos, son entidades sujetas de fiscalización en razón de que captan, recaudan, administran, manejan, ejercen, cobran y reciben en pago directo o indirectamente recursos públicos, tal como lo establece el artículo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
“En el caso de la UASLP, durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 todo funcionó bien, ¿por qué ahora surgen inconformidades de este tipo?”, se pregunta la encargada de Despacho.
Finalmente, Edith Muñoz aclaró que los actos y actividades ejecutados por la ASE para la fiscalización de las Cuentas Públicas 2022, gozan de plena legalidad dado que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas no contiene plazos perentorios en relación con su permanencia como encargada de Despacho del Organismo Fiscalizador.
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