Ciudad Valles, S.L.P.- Sin trabajo, sin seguro médico y con una hija enferma, Citlali Guadalupe Torres González llegó a Ciudad Valles buscando justicia laboral. Lo que encontró fue una cita para septiembre.
La joven madre indígena denunció que fue despedida de su empleo en el municipio de Ébano después de exigir prestaciones laborales y acceso al servicio médico. Ahora, además de enfrentar la incertidumbre económica y los problemas de salud de su pequeña, tendrá que esperar casi cuatro meses para que las autoridades laborales escuchen su caso.
Originaria de Axtla de Terrazas y hablante de lengua náhuatl, Citlali asegura que durante más de tres años trabajó en el negocio conocido como «Los Pollos», propiedad de Manuel Portales, sin vacaciones, prima vacacional, servicio médico permanente ni otras prestaciones establecidas por la ley.
Relató que cuando quedó embarazada únicamente recibió servicio médico durante tres meses, tiempo suficiente para dar a luz a su hija. Después, el beneficio le fue retirado y nuevamente tuvo que solventar por cuenta propia cualquier gasto relacionado con su salud y la de la menor.
Hace unas semanas la situación se complicó cuando su hija, de apenas un año y un mes de edad, enfermó de la garganta. Citlali tuvo que ausentarse para cuidarla y buscar atención médica.
«El despido fue porque mi niña se puso mala y no me presenté a trabajar. Perdón, me da mucho sentimiento porque me duele que mi niña se me enfermó de la gargantita y no tengo ni dinero para comprarle sus medicinas. Nunca me dieron nada, solo servicio médico por tres meses en lo que me alivié. Después me lo quitaron y todos los gastos médicos son por mi cuenta», expresó.
La trabajadora señaló que cuando intentó solicitar nuevamente acceso al seguro médico para ella y su hija comenzaron los problemas con sus empleadores, hasta que finalmente le notificaron que ya no continuaría laborando.
«Les pedí que me dieran seguro médico y por eso me despidieron. Ni siquiera me escucharon por qué lo quería. Ahora a mi niña se le agravó su estado de salud, me piden un estudio de sus ojitos y puede ser que hasta ocupe una cirugía o algo más caro y yo no tengo dinero. Me siento triste, no es justo que me hagan esto», lamentó.
Según su versión, además intentaron que firmara una renuncia y le ofrecieron únicamente 2 mil 500 pesos después de más de tres años de trabajo, pese a que percibía un salario aproximado de mil 500 pesos semanales.
Con la esperanza de encontrar respaldo institucional, Citlali viajó desde Ébano hasta Ciudad Valles acompañada por su madre de crianza, Guadalupe González. Sin embargo, asegura que la respuesta que recibió en la Junta de Conciliación y Arbitraje fue una audiencia programada hasta el mes de septiembre.
La situación provocó indignación entre sus familiares, quienes consideran que la demora deja en estado de indefensión a una trabajadora que actualmente no tiene empleo, ingresos ni acceso a servicios médicos.
«Esta persona tiene otras sucursales y así tiene a todos sus trabajadores. No es posible que ninguna autoridad los revise. No tienen seguro social ni servicio médico; es injusto lo que le hicieron», denunció Guadalupe González.
Mientras espera que llegue la fecha de su audiencia, Citlali deberá enfrentar sola los gastos médicos de su hija y la incertidumbre de un proceso laboral que apenas comienza, en una región donde cientos de trabajadores siguen denunciando dificultades para acceder a una justicia pronta y efectiva.
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