Han pasado ya 14 años desde aquel trágico día en que ocurrió el incendió en la guardería adscrita al IMSS «ABC». Paso justo un 5 de junio del 2009, en Hermosillo, Sonora. Hecho terrible que cesaría con la vida de 176 niños con edad de entre 5 años y 5 meses. El tiempo no ha sido aliado de esta investigación ni en que la justicia llegue para cobrarle el alto precio a los funcionarios y personas responsables de está tragedia, que por 14 años con las trabas administrativas y corrupción en las altas esferas han podido evadir la justicia y su responsabilidad. Pero las familias y el pueblo solidario mexicano, «No olvida».
A lo largo de ya 3 sexenios, las familias siguen buscando la»verdad y justicia» en todas irregularidades y tapaderas que se han tenido en este caso, nublando los hechos y evitando que se esclarezca la verdad.
El incendio habría ocurrido cuando una bodega que contenía archivos de la Secretaria de Hacienda se incendiara, provocando que el fuego se extendiera la guardería. Desgraciadamente los maestros y personal no tuvieron las herramientas para lograr una evacuación rápida. En el lugar no había extintores, las salidas de emergencia estaban bloqueadas, no contaban con detectores de humo y mucho menos habían tenido una capacitación o simulacro de protección civil para manejar lo que acontecía.
En su momento se había señalado a ciertas personas que fungirían como culpables en las negligencia y mala administración de ese centro infantil. Sergio Salazar y Arturo Leyva, delegados del IMSS en ese momento fueron cesados de su cargo, pero esto solo tenía la función de servir como una bomba de humo momentánea esperando a que la verdad se cubriera. Pero estas acciones no fueron suficientes y el pueblo mexicano mantenía su exigencia por la verdad y justicia.
22 personas más fueron procesadas después como responsables de homicidio culposo en los hechos del 5 de junio, pero por la ya conocida impunidad del gobierno y sus funcionarios, no terminaría avanzando a nada. Ningún funcionario durante el gobierno de Calderón fue sancionado por las claras omisiones administrativas y la actividad fantasma de protección civil con la guardería «ABC». Por todas estas irregularidades internacionalmente se le llamo a lo sucedido del 5 de junio como «un crimen de estado».
La infraestructura de esta guardería adscrita al IMSS, era una bodega que contaba con demasiado material inflamable y entre una de las muchas irregularidades se encontró que tan solo el número de niños inscritos estaba muy arriba del promedio y la capacidad del lugar, siendo el promedio 159, cuando la guardería ABC contaba con 220 niños en su instalación. Entre los principales responsables a los que se les apunta por las principales irregularidades y negligencias en el funcionamiento de la guardería.
Se le señala a Juan Molinar Horcasitas, quien firmo el último permiso para que el centro educativo siguiera trabajando, este moriría en mayo del 2015. También se apunto a Daniel Káram, director del IMSS que llego en el 2009 pero también se encontraría exonerado y libre de pecado. El gobernador de Sonora en ese momento Eduardo Borus también se deslindo de la culpa a pesar del manejo y administración que había tenido en el departamento de protección civil.
Durante el actual sexenio se abriría una carpeta de investigación, en la cual se habría señalado que el incendio a la bodega con documentos de hacienda habría sido provocado para eliminar pruebas de esto mismo, pero esto se desecharía.
A partir de este suceso, entraría en vigor la ley del «5 de Junio» en la cual se tomaban medidas altamente estrictas para el funcionamiento de los centros infantiles, así como una evaluación periódica de los mismos centros, con el fin de que jamás se volviera a repetir lo vivido.
A 14 años, los familiares y el pueblo exigen que el gobierno entregue a los responsables y se les imponga el castigo, también una disculpa publica que solo aceptaran cuando los culpables estén tras las rejas, también se pide la reparación de daños por parte de la CEAV, que le ha otorgado montos incorrectos a las familias y actualmente se mantienen en amparos sin entregar nada. Así como también se exige que se realice un memorial.
El caso ya ha entrado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que esperan logre por fin dar una solución a lo acontecido. Alejandro Encinas en la conferencia de prensa de esta mañana dice que espera que en este 2023 por fin sean reparados los daños.
Seguiremos informando.
