Un Tribunal Federal ordenó devolver de manera inmediata a familias indígenas náhuatl y tének a las viviendas y tierras del Rancho La Peña, ubicado en la comunidad de Agua Fría dentro del municipio de Tampamolón Corona. El mandato judicial ordena restituir la posesión a los afectados mediante una diligencia urgente que estará encabezada por el Ministerio Público adscrito al municipio. Asimismo, se solicitó la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para disponer de intérpretes en lenguas originarias que garanticen el respeto a los derechos de las personas involucradas.
Este resolutivo deriva del desalojo ejecutado a principios de junio por autoridades de diferentes niveles de gobierno, quienes ingresaron al predio durante la madrugada para retirar a cerca de 100 familias que habitaban el terreno de aproximadamente 150 hectáreas. Los afectados y organizaciones campesinas señalaron al Ayuntamiento de Tampamolón Corona, y directamente a la alcaldesa Silvia Medina Burgaña, de haber promovido y respaldado el operativo, a pesar de que existían mesas de diálogo activas con el Gobierno del Estado para resolver el conflicto agrario por la vía pacífica, dado que los habitantes aseguraban mantener la posesión del predio desde hace casi tres décadas.
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Los damnificados denunciaron que, tras el desalojo forzado, las viviendas que habían construido fueron destruidas, sus pertenencias resultaron saqueadas y los inmuebles fueron incendiados. Estos actos materiales de destrucción y quema de bienes fueron atribuidos por los pobladores de la comunidad a trabajadores del Ayuntamiento y a los elementos de seguridad pública que participaron en las acciones.
Tras analizar los hechos y el recurso interpuesto, el juez federal determinó la procedencia de la restitución del Rancho La Peña a los comuneros despojados. La resolución judicial también advierte que, en caso de que las autoridades responsables retrasen, evadan o desacaten el cumplimiento de la entrega inmediata de las tierras y casas, podrían enfrentar consecuencias legales de carácter penal y administrativo por incumplir con un mandato expreso de la justicia federal.
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