El gobierno de Estados Unidos activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que las autoridades mexicanas investiguen presuntas violaciones a los derechos laborales de trabajadores de la mina Peñasquito, operada por la empresa Newmont en Zacatecas.
La solicitud se originó a partir de una queja presentada por el Sindicato Nacional Minero, que denunció posibles afectaciones a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. Entre los señalamientos se encuentran presuntas represalias contra trabajadores vinculados a actividades sindicales, incluidos despidos de integrantes de la dirigencia local.
La Comisión de Liderazgo Internacional informó que, tras analizar la petición recibida el pasado 13 de mayo, encontró evidencia suficiente para considerar procedente la activación de los mecanismos de revisión establecidos en el acuerdo comercial.
Como resultado, la Representación Comercial de Estados Unidos solicitó formalmente a México revisar las condiciones laborales en la unidad minera. El gobierno mexicano tendrá un plazo de diez días para responder si acepta la revisión y, en caso afirmativo, dispondrá de 45 días para concluir la investigación.
Mientras se desarrolla el procedimiento, Estados Unidos suspendió la liquidación de importaciones pendientes de productos procedentes de Peñasquito. La mina es una de las principales productoras de oro, plata, plomo y zinc del país, además de participar en actividades de comercio relacionadas con autopartes.
La denuncia contra Peñasquito representa la cuarta ocasión en que el Sindicato Nacional Minero recurre a los mecanismos laborales del T-MEC. Casos anteriores involucraron las minas San Martín y Camino Rojo, ambas en Zacatecas, así como la mina Tizapa, operada por Industrias Peñoles en el Estado de México.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos señaló que la medida forma parte de la estrategia orientada a vigilar el cumplimiento de los derechos laborales entre los socios comerciales del país y evitar ventajas competitivas derivadas de posibles incumplimientos en materia de protección a los trabajadores.
