Alumnos de la Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho «Ponciano Arriaga Leija» de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentaron una serie de exigencias y denuncias ante el rector Alejandro Zermeño Guerra en una manifestación ocurrida en el Edificio Central de la máxima casa de estudios potosina.
En el pronunciamiento, los inconformes denunciaron el deterioro del ambiente escolar y la calidad educativa, señalando directamente a un grupo de profesoras por incurrir de manera recurrente en conductas que calificaron como hostiles dentro de las instalaciones universitarias en contra de los alumnos de dicho programa académico.
Las denuncias, detalladas por la comunidad estudiantil, acusan la cancelación injustificada de clases, el ausentismo recurrente, el desvío de los programas académicos hacia temas ajenos a las materias y la delegación de la enseñanza a estudiantes de semestres avanzados o personal en estancia sin justificación institucional.
Asimismo, los estudiantes expusieron irregularidades en los procesos de evaluación y la gestión académica. De acuerdo con el documento que se leyó ante las autoridades académicas, se denunció el condicionamiento de calificaciones mediante la asistencia obligatoria a marchas, seminarios o conferencias organizadas por las propias docentes, cuyos costos oscilan entre los 500 y 700 pesos.
También reportaron falta de claridad en los criterios de evaluación, pérdida de trabajos y exámenes, la apropiación indebida de proyectos de tesis elaborados por sus tesistas, y conductas, según afirman, discriminatorias por razón de género, enfocadas en un trato desigual hacia los alumnos hombres y prácticas de misandría contra otros profesores.
Ante este panorama, los estudiantes universitarios exigieron la reubicación inmediata de las docentes señaladas hacia otras sedes de trabajo fuera de la Licenciatura en Criminología. En contraste, el estudiantado exigió garantizar la permanencia y estabilidad laboral de los doctores José Luis Carpio Domínguez y César Hernández Mier, a quienes respaldaron plenamente y describieron como pilares fundamentales en su preparación profesional que han sido objeto de hostilidades por parte del grupo de profesoras denunciadas.
Los manifestantes solicitaron además que se prohíba la imposición de actividades externas no contempladas en los planes de estudio, se vigile estrictamente el cumplimiento de los horarios y se asegure un entorno libre de discriminación, clasismo y hostilidad. Finalmente, será el Consejo Técnico el organismo encargado de realizar la valoración objetiva de los hechos y determinar las acciones definitivas que ejecutará la universidad.
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