El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nuevos señalamientos relacionados con operaciones financieras, acuerdos legales y posibles beneficios económicos obtenidos durante los primeros meses de su actual administración.
De acuerdo con información difundida esta semana, el mandatario autorizó la creación de un fondo gubernamental por mil 800 millones de dólares destinado a compensaciones para personas que, según el gobierno, fueron afectadas por acciones federales previas. Paralelamente, autoridades estadounidenses confirmaron que Trump obtuvo inmunidad frente a investigaciones fiscales pendientes relacionadas con presuntas irregularidades en sus declaraciones tributarias.
La Comisión de Contratación de Futuros de Mercancías de Estados Unidos inició además una investigación sobre movimientos considerados sospechosos en los mercados internacionales de petróleo. Las operaciones ocurrieron después de que Trump aplazó acciones militares contra Irán en marzo, hecho que provocó una caída en los precios del crudo y generó ganancias para inversionistas que realizaron transacciones anticipadas.
El organismo analiza si personas con información previa sobre la decisión presidencial realizaron operaciones financieras aprovechando datos reservados del gobierno estadounidense.
A la par, la Oficina de Ética Gubernamental reveló operaciones bursátiles vinculadas con empresas estadounidenses que mantienen relaciones comerciales o regulatorias con el gobierno federal. Los movimientos financieros reportados durante el primer trimestre del año alcanzan valores estimados entre 200 y 750 millones de dólares.
Diversas organizaciones civiles, académicas y legales expresaron preocupación por los presuntos beneficios económicos obtenidos por Trump y su familia. El Brennan Center for Justice, de la Universidad de Nueva York, acusó posibles actos de corrupción relacionados con decisiones políticas y financieras tomadas desde la Casa Blanca.
La Asociación de Abogados de Estados Unidos también cuestionó la relación entre decisiones gubernamentales y operaciones financieras que habrían favorecido directamente al entorno familiar del mandatario.
Las recientes críticas surgieron además tras un acuerdo entre el Departamento de Justicia y la Trump Organization, empresa de la familia Trump, relacionado con una demanda por la filtración de declaraciones fiscales del presidente a medios estadounidenses hace una década. Como parte del arreglo, el gobierno federal acordó no continuar investigaciones tributarias pendientes contra el mandatario.
Dos ex policías del Congreso estadounidense interpusieron posteriormente una demanda contra el fondo federal aprobado por la administración, al considerar que podría beneficiar a personas involucradas en el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021.
