Una confrontación física entre agentes de la Policía Vial y un grupo de ciudadanos se registró la tarde de este pasado miércoles en la intersección de la avenida Nicolás Zapata y Pedro Moreno. El incidente, que escaló rápidamente de una infracción de tránsito a un zafarrancho, derivó en el arresto de dos mujeres, el aseguramiento de un vehículo y el cierre parcial de la vialidad por parte de manifestantes que denunciaron el uso de la fuerza por parte de los uniformados.
Sobre lo ocurrido existen dos versiones encontradas. Por una parte, los civiles y testigos en el lugar denuncian un presunto abuso de autoridad y exceso de fuerza durante el despliegue del «Operativo Barredora». Según los manifestantes, los oficiales habrían agredido físicamente a la conductora de una camioneta y a los vecinos que se acercaron a cuestionar el procedimiento, utilizando empujones y jaloneos para retirar a las personas que obstruían la labor policial, lo que calificaron como una respuesta desproporcionada ante una falta administrativa.
Por otro lado, la narrativa de los agentes involucrados señala que los oficiales fueron las víctimas originales de la agresión mientras cumplían con su deber. Según esta versión, tras infraccionar a la conductora por estacionarse sobre un paso peatonal, la mujer habría reaccionado de forma violenta, golpeando a un oficial e intentando darse a la fuga. En este escenario, la intervención de los vecinos fue interpretada por la autoridad como una obstrucción ilegal de las funciones policiales, lo que obligó a solicitar refuerzos para restablecer el orden.
Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital emitió una postura oficial en la que sostiene que el operativo se realizó en estricto apego a los protocolos legales. La corporación confirmó que la conductora fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra servidores públicos, mientras que otra mujer fue remitida al Juzgado Cívico. Asimismo, la institución rechazó las acusaciones de abuso y aseguró contar con evidencia en video, captada por las cámaras corporales (BodyCam) de los oficiales, para respaldar la legalidad de su actuación.
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