En política, en un gobierno o en cualquier escenario de la vida pública es común que existen acusaciones de todo tipo y el problema real no es que surjan, sino cómo se responde a ellos y qué tratamiento se les da. En el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la reacción del oficialismo ha terminado por agrandar un tema que, en principio, exigía cabeza fría y responsabilidad institucional.
Las versiones sobre la investigación que el gobierno Estados Unidos realiza por presuntos vínculos entre actores políticos sinaloenses, incluido el propio gobernador, y el crimen organizado no es un tema que pueda pasar desapercibido. Aún sin acusaciones formales, el contexto pesa, pues Sinaloa no es cualquier estado, y la sombra del Cártel de Sinaloa convierte cualquier señal en un asunto delicado que requiere claridad, no reflejos automáticos o viscerales de defensa.
Lo que ha ocurrido tras hacerse público el suceso ha sido una defensa cerrada, casi imperativa. Gobernadores alineados a la Cuarta Transformación difundiendo comunicados de respaldo como si eso fuera suficiente. Desde la Presidencia todavía no hay nada, pero se espera la respuesta de manual, la ensayada, la de siempre: Que investiguen a Calderón y a García Luna”. Casi puede escuchar a Claudia Sheinbaum decirlo.
La fórmula es conocida. Cada vez que el presente resulta incomoda y provoca escozor, el pasado se invoca y se usa de justificación. Felipe Calderón y Genaro García Luna se han convertido en una especie de salvoconducto discursivo; nombres que se repiten con tal frecuencia que ya no explican nada, pero sirven para intentar cambiar de tema.
El problema de fondo no es que se mencione ese pasado que, por cierto, ya fue investigado y sancionado, precisamente por el gobierno estadounidense, sino la evidente incongruencia. Durante años, desde el poder se ha insistido en investigar a gobernadores (ahí está el caso reciente de Maru Campos) y expresidentes de oposición por presuntos actos de corrupción o vínculos indebidos. La exigencia ha sido firme, constante, casi moralizante, pero cuando la sospecha roza a uno de los propios, la vara cambia y ya no se pide investigar, se pide cerrar filas y se acusa de ataques intervencionistas e intromisiones.
Es bien sabido que la justicia selectiva no es justicia, es conveniencia y la conveniencia, en política, tiene memoria electoral. La presidenta enfrenta un dilema que no admite atajos; si permite que las investigaciones avancen con total transparencia, podría afectar a un aliado, pero si opta por protegerlo, el costo en credibilidad será inevitable. No hay narrativa que alcance para cubrir ambas cosas al mismo tiempo.
La realidad, en este caso, no sólo aprieta, acorrala, pues la defensa automática no disipa dudas, las multiplica y cada declaración que intente minimizar el tema lo mantendrá vivo un día más.
La salida, aunque poco atractiva políticamente, es bastante clara. Romper con la lógica de bloque, permitir que cualquier indagatoria, nacional o internacional, avance sin interferencias y asumir una postura institucional, no partidista. Eso implica dejar de usar el pasado como escudo y empezar a responder por el presente con hechos verificables.
De lo contrario, el costo será acumulativo. No sólo en términos de credibilidad, sino en la narrativa que el propio gobierno ha construido durante años; la de una transformación que prometía ser distinta.
Repetir “que investiguen a Calderón y a García Luna” puede funcionar como consigna, pero ya no como respuesta y, si tanto se defiende la inocencia de Rocha Moya, pues que se permita la investigación… seguramente saldrá bien librado ¿no?
Cavilaciones:
Primera: Las antenas de este felino reportan la recurrente presencia de la secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, Sonia Mendoza Díaz, en el municipio de Villa de Pozos ¿Será que doña Sonia anda tanteando el terreno para buscar la presidencia del municipio más joven del Potosí en el 2027?
Segunda: En el Altiplano, el diputado Tomas Zavala no deja una obra ni para remedio de los contratistas derechos. Con sus empresas y prestanombres, acapara todo lo que aparezca como obras del gobierno, educación y Ayuntamientos. Es el principal beneficiario de los acarreos de materiales para la obra de la carretera de cuotas San Luis-Matehuala a cargo de grupo META y, según los que saben, por la mala calidad de las obras, Zavala se ha ganado el mote de «El Cochino». En cuanto a las ganancias, sólo dice que se reporta con el secre general de Gobierno, al que jura que le ha hecho carítsimos regalos, entre ellos, un caballo de cinco millones de pesos. Como dice el dicho: el que parte y reparte se queda con la mayor parte ¡Miau!
Tercera: Feliz Día del Niño.
