En San Luis Potosí, el Gobierno Federal tiene presencia, oficinas, estructura y una nómina que no pasa desapercibida. Lo que no siempre se percibe son resultados acordes a ese gasto. Los delegados federales, llamados a ser operadores territoriales de políticas públicas, parecen haber encontrado un rol más cómodo; el de figuras decorativas bien remuneradas, visibles cuando conviene y discretas cuando se trata de rendir cuentas.
El caso de Elí César Cervantes Rojas, al frente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ilustra con precisión esta paradoja. Su programa de bacheo prometía mejorar las condiciones de la red carretera, pero terminó evidenciando una alarmante falta de planeación. En la práctica, las intervenciones han sido fragmentadas, sin rutas alternas claras ni estrategia de contingencia, provocando congestionamientos severos en la carretera 57, una de las más importantes del país. El resultado, pérdidas económicas, retrasos logísticos y un impacto social que, hasta ahora, no parece haber sido dimensionado por la propia autoridad. La intención pudo ser buena, la ejecución, claramente no.
Menos alentador es el desempeño de Guillermo Andrés Rivera Vázquez, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ingeniero agrónomo zootecnista de profesión, su responsabilidad frente al avance del gusano barrenador ha sido, por decirlo con sobriedad, insuficiente. Lejos de contenerse, los casos en animales continúan en aumento y, lo más preocupante, comienzan a registrarse afectaciones en humanos. En un problema donde la prevención es determinante, la reacción institucional ha sido tardía, dispersa y poco eficaz.
En contraste, y sólo en apariencia, destaca Darío Fernando González Castillo, titular en el estado de la Comisión Nacional del Agua. Sin una trayectoria consolidada en materia hídrica, ha asumido una postura firme contra el fracking, lo que le ha valido cierto reconocimiento en un tema ambiental sensible, sin embargo, el mérito se basa todavía en declaraciones. Habrá que ver si esa firmeza se sostiene cuando las presiones reales, ya sean políticas, económicas o técnicas, comiencen a apretar.
En fin, si se amplía la mirada, el patrón no cambia demasiado. Delegaciones como la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Bienestar operan con estructuras sólidas y salarios que superan los 120 mil pesos mensuales en sus titulares, pero en el terreno donde realmente importa los avances son, en el mejor de los casos, poco perceptibles. La caos persiste, la inseguridad no cede y las desigualdades estructurales siguen marcando el ritmo de la vida pública.
El problema, entonces, no es sólo cuánto cuestan, sino qué tanto aportan. Más de 1.5 millones de pesos mensuales destinados únicamente a los titulares de estas delegaciones deberían traducirse en resultados tangibles, en políticas públicas visibles, en soluciones concretas, pero lo que predomina es la sensación de una estructura que consume más de lo que resuelve.
A esto se suma un factor adicional; la política. Con el horizonte de 2027 cada vez más cercano, varios de estos perfiles parecen más enfocados en construir presencia que en resolver problemas. La gestión se diluye entre agendas personales, posicionamientos estratégicos y una visibilidad selectiva que poco tiene que ver con la eficacia administrativa.
Así, los delegados federales en San Luis Potosí terminan encajando en una definición que, aunque dura, resulta difícil de refutar: adornos caros. Figuras que ocupan espacio institucional, que representan al Gobierno Federal en el estado, pero cuya incidencia real en la solución de los problemas más urgentes sigue siendo, hasta ahora, limitada.
Cavilaciones:
Primera: En el kilómetro 64 de la Carretera San Luis-Matehuala, tres patrullas de la Secretaría de Seguridad Federal han montado un retén. El punto de revisión está a la altura de Peotillos, municipio de Villa Hidalgo. Los agentes de Omar García Harfuch son, de plano, novatos; provocan el colapso de la carretera sin oficio ni beneficio, generan confusión y retraso. Tan no tienen noción de lo que hacen que detienen vehículos de todo tipo sobre el carril de alta velocidad sin abanderar, lo que puede ocasionar accidentes. Se pasan de… ¡Miau!
Segunda: La ola de calor que afecta a nuestro estado provocará pérdidas millonarias, sobre todo para los productores de lichie en la Huasteca Potosina. Los corresponsales de este felino aseguran que el fin de semana se registraron sensaciones térmicas de 50 grados y para colmo, el flujo del río Gallinas se consumió en el camino provocando que desaparecieran las cascadas de Tamul, en Aquismón, uno de los principales atractivos turísticos ¡Diosito, ya quiérenos!
Tercera: El COBACH climatizó todos los planteles de la Huasteca, especialmente el plantel 31, ubicado en Aquismón. Esta semana, vienen funcionarios nacionales de este sistema de educación media superior. Los informantes de este hermoso filósofo reportan que el invitado especial será el diputado federal, Ricardo Gallardo Juárez, que fue quien gestionó el beneficio. Puro GPI, dirían los chavos.
