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FGR inicia investigación contra Raúl Ortega, alcalde de Matehuala

Asesores legales le habrían recomendado analizar la posibilidad de promover un amparo ante instancias federales

La Fiscalía General de la República (FGR) habría iniciado una investigación en contra del presidente municipal de Matehuala, Raúl Ortega Rodríguez, ante presuntos señalamientos relacionados con vínculos con grupos generadores de violencia en la región del Altiplano.

De acuerdo con versiones extraoficiales, autoridades también estatales tendrían en la mira al edil, mientras que en los últimos días éste habría sostenido acercamientos con la senadora Verónica Rodríguez, presuntamente en busca de respaldo político y asesoría ante el contexto legal.

Fuentes cercanas al alcalde señalaron que, en reuniones privadas, Ortega se ha deslindado de las acciones de algunos de sus colaboradores, entre ellos mandos policiacos y de tránsito, en un intento por evitar responsabilidades legales.

Asimismo, trascendió que existen testimonios de elementos de Seguridad Pública Municipal y Tránsito que apuntarían a presuntas irregularidades en la operación de la administración, incluyendo señalamientos sobre detenciones, multas, trámites administrativos y otros procesos que, presuntamente, habrían sido utilizados en beneficio de grupos delictivos con presencia en la región.

Según las mismas versiones, el edil habría manifestado a su círculo cercano desconocer las supuestas actividades ilícitas de sus funcionarios; sin embargo, ante la gravedad de los señalamientos, asesores legales le habrían recomendado analizar la posibilidad de promover un amparo ante instancias federales, en caso de que se emita alguna orden judicial en su contra.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna autoridad ha emitido información oficial detallada sobre el avance de estas investigaciones, por lo que se espera que en los próximos días se esclarezca la situación jurídica del alcalde.

Cabe señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, toda persona señalada en una investigación debe ser considerada inocente hasta que se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.

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