La decisión del Ayuntamiento de San Luis Potosí de poner en subasta 18 predios municipales para financiar varias obras de infraestructura no tardó en sacudir el avispero político y empresarial de la capital. La propuesta, impulsada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, parte de una lógica sencilla; convertir activos inmobiliarios ociosos en recursos para ejecutar proyectos urbanos que, de otra manera, tardarían años en concretarse.
La idea es buena. El gobierno municipal calcula que la venta podría generar cerca de mil millones de pesos para obras relevantes de movilidad y desarrollo urbano. En términos estrictamente administrativos, la apuesta es clara, pues se tratad de vender patrimonio que no tiene uso inmediato para invertirlo en infraestructura pública. Un mecanismo discutible para algunos, pragmático para otros, pero legal y aprobado por el Cabildo.
Hasta ahí, todo podría tratarse de un debate técnico sobre si es conveniente vender terrenos municipales para financiar obra pública, pero San Luis Potosí rara vez se queda en la teoría. En cuanto se anunció la subasta, comenzó el pleito entre los terratenientes del pueblo, fraccionadores, desarrolladores y uno que otro gato que se cree de angora. Uno de ellos, por cierto, a quien llamaremos Mickey, es ampliamente conocido en el mundillo local por utilizar ciertos medios de comunicación como garrote político. Su especialidad consiste en intentar arrinconar a figuras públicas hasta que cedan a sus caprichos. En el bajo mundo a esa práctica se le llama de una forma muy sencilla: extorsión. Ahora, el objetivo parece ser el alcalde Galindo.
El problema es que Mickey está intentando jugar en una liga que claramente no es la suya. El negocio inmobiliario y de la construcción de San Luis Potosí tiene actores de peso completo, grupos empresariales con décadas de presencia y músculo financiero considerable. Entre ellos destacan firmas como Grupo Valoran o el conocido clan empresarial de la familia López Medina.
Ese es el verdadero tablero donde se discute la subasta de predios: intereses económicos, proyectos urbanos y control del desarrollo inmobiliario de la ciudad, pero Mickey quiere sentarse a esa mesa, aunque apenas le alcance para el banquito.
La jugada que algunos sectores intentan armar contra Galindo recuerda inevitablemente un episodio del pasado político potosino; la operación que, en su momento, logró golpear a la exalcaldesa Victoria Labastida Aguirre. Aquella estrategia combinó presión mediática, desgaste político y una narrativa cuidadosamente alimentada para debilitar su administración. La diferencia es que las circunstancias no son las mismas. Galindo no es Labastida. Los actores tampoco son idénticos y, sobre todo, la estrategia hoy es demasiado evidente.
El propio alcalde ya lo dijo con una claridad poco común en la política local; si los terrenos no se venden, simplemente no habrá obras. Así de sencillo. Es decir, el dilema está planteado sin rodeos. O se concretan las subastas y se ejecutan proyectos de infraestructura, o la ciudad seguirá esperando recursos que difícilmente llegarán por otra vía. Por eso, conviene irle midiendo el agua a los camotes.
Detrás del debate técnico sobre la venta de predios se mueven intereses que poco tienen que ver con el bienestar urbano. En San Luis Potosí, cada metro cuadrado tiene dueño potencial, aspirante a dueño o alguien que cree que debería serlo.
La subasta ha puesto nerviosos a varios grupos que preferirían que el desarrollo de la ciudad siga ocurriendo bajo las reglas no escritas de siempre, acuerdos privados, negociaciones discretas y, de vez en cuando, uno que otro berrinche mediático. Habrá que ver si esos intereses particulares terminarán imponiéndose otra vez sobre el interés público.
Si algo ha quedado claro en esta historia es que no todos están preocupados por las obras. Algunos están mucho más ocupados en asegurarse de quién controla el terreno donde esas obras podrían levantarse o los que se venderán para conseguir el recurso y, en ese juego, los verdaderos jugadores ya están identificados. Los demás, apenas están tratando de maullar para que alguien los tome en cuenta.
Cavilaciones:
Primera: Un grupo de violentos morenistas organiza una agresión en contra de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Le preparan una celada durante su próxima visita a San Luis Potosí. Cayetana, además de política, es periodista e historiadora y viene a la capital potosina el próximo sábado 21 para dictar una conferencia con motivo del 8M. La organizadora es la presidenta del DIF municipal, Estela Arriaga. Que nadie se diga sorprendido si algo le ocurre a la señora, porque todo mundo sabe quién está detrás de tan aberrante plan y de dónde cobran ¡Hostia! Dirían en la Madre Patria ¡Miau!
Segunda: Leopoldo Stevens Pérez, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de San Luis Potosí, anda muy presente en eventos públicos. Serio, pero amable, se hace notar. Hay quienes lo incluyen como una carta externa del PAN para contender por la presidencia municipal de la capital potosina. Este felino le pondrá marca personal por si sí o por si no ¡Grrr!
Tercera: La que está convertida en la mejor promotora de San Luis Potosí es la presidente de CANACINTRA, Imelda Elizalde Martínez. Al fin comunicóloga, la empresaria está en la jugada nacional e internacional y está enfocada en impulsar las pequeñas y medianas empresas y en generar las condiciones para que las grandes inversiones que llegan a la entidad encuentren, a su arribo, un clúster de proveeduría con altos estándares de calidad. Eso es trabajar.
