El caso ya es conocido. La madrugada del 28 de septiembre de 2025, en la habitación 626 del Hotel Hyatt Regency de San Luis Potosí, una joven brasileña de 28 años, identificada como Valeria, salió, según se ha documentado, en estado de sonambulismo de la habitación que compartía con su pareja y entró en otra, donde permaneció una hora con 50 minutos. Más tarde denunció haber sido víctima de agresión sexual.
Los dictámenes médicos señalaron lesiones recientes compatibles con una posible agresión; los peritajes psicológicos hablaron de estrés postraumático. El hombre señalado fue detenido, pero liberado horas después por irregularidades en la puesta a disposición y por la determinación ministerial de que no existían elementos suficientes para judicializar el caso. La investigación continúa, aunque sin imputación formal.
Hasta ahí, los hechos conocidos. Delicados, complejos y, sobre todo, sujetos a investigación, sin embargo, el caso dio un giro cuando el diario español El País, en su edición mexicana, decidió publicar un reportaje extenso en el que no sólo detalla con precisión quirúrgica la cronología de los hechos, sino que además exhibe el nombre completo del supuesto agresor y el nombre de la cadena hotelera involucrada.
Aquí comienza lo verdaderamente interesante, porque, en México, nos guste o no, existe un principio constitucional llamado presunción de inocencia. Un principio que impide tratar como culpable a quien no ha sido condenado por sentencia firme. Un principio que, por cierto, los manuales de ética periodística suelen abrazar con entusiasmo, al menos en el discurso.
Resulta, cuando menos, curioso que un medio que históricamente presume rigor jurídico y equilibrio informativo decida publicar datos personales completos de un individuo que no ha sido vinculado a proceso. Más aún en un asunto de naturaleza tan sensible como una presunta agresión sexual.
¿Fue un descuido? ¿Un exceso narrativo? ¿O una decisión editorial calculada? La filtración de información detallada a un medio internacional no parece responder únicamente a un afán de justicia. La justicia, si se busca, se litiga en tribunales. Lo que aquí se observa es una ruta paralela; una estrategia mediático-jurídica que presiona desde la opinión pública para forzar determinaciones institucionales.
Y es que no se trata sólo del relato de los hechos. En el reportaje se sugieren influencias, se dibujan conexiones empresariales, se deslizan posibles presiones y se intenta, sin pruebas judiciales, colocar en el centro del tablero a actores de la vida pública potosina. Funcionarios estatales, operadores políticos y hasta perfiles del Poder Judicial aparecen envueltos en una narrativa donde la insinuación pesa más que la evidencia.
El aroma es inconfundible; cuando la información fluye selectivamente, cuando se personaliza la responsabilidad antes de que exista imputación formal y cuando el discurso apunta a funcionarios específicos, es claro que existe un trasfondo mucho más denso y complejo de lo que se está mostrando.
Y en San Luis Potosí, las primeras publicaciones dejaron ver algo más: un manejo orientado a golpear, cuando no a extorsionar, políticamente al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, a funcionarios de la Fiscalía General del Estado e incluso a magistrados del Poder Judicial. No con sentencias, sino con insinuaciones. No con pruebas, sino con sospechas amplificadas.
Por si fuera poco, circulan versiones que no están acreditadas judicialmente, pero que son persistentes, que señalan que algunas personas (ya involucradas en este tema) estarían aprovechando el escándalo para buscar una indemnización millonaria tanto de la cadena hotelera como del presunto responsable. En otras palabras, la justicia podría estar acompañada de una factura considerable.
Nada de esto descalifica, por supuesto, la gravedad de una denuncia de agresión sexual. Las víctimas merecen atención, respeto y acompañamiento institucional, pero la gravedad del delito no justifica la violación de principios básicos del debido proceso.
La pregunta de fondo no es sólo qué ocurrió aquella madrugada en el Hyatt. La pregunta es qué está ocurriendo, ahora, en el terreno mediático y político, para que un medio internacional decida transgredir normas que en otros contextos defendería con vehemencia.
Cavilaciones:
Primera: Hoy comienza la Cuaresma. Se presta la temporada para que los que se sienten muy poderosos recuerden que polvo son y en polvo se convertirán ¡Miau!
Segunda: Desde hace días, corre la versión de que la mafia de los delegados federales en San Luis Potosí hizo reventar al delegado de la Comisión Nacional de Vivienda en el Estado, José Blanco Barrios, mejor conocido como «El Piri», excandidato de Morena a la presidencia municipal de Aquismón. Ayudó que desconoce el tema y que no pudo con tanto agandalle de sus compañeritos delegados ¡Grrr!
Tercera: En mayo del año pasado, se hicieron públicas varias denuncias sobre los abusos y agresiones de las que eran víctimas los residentes de La Aldea de los Abuelos, un asilo de ancianos. Las autoridades juraron que habían atendido el tema, pero se hicieron tontos y dejaron que el problema avanzara. Anoche, se informó que rescataron a más de una veintena de abuelitos maltratados. No se hagan los héroes, eso debió ocurrir hace meses. A ver si ya se ponen a hacer su trabajo de verdad todos esos que, ahora, se andan levantando el cuello. Ustedes saben bien quiénes son. Ridículos.
