Las madres buscadoras no están pidiendo privilegios. Están exigiendo lo mínimo: que el Estado haga su trabajo, que busque, que investigue, que no estorbe y, sobre todo, que deje de simular. La toma de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos no es un arrebato ni una ocurrencia, es la consecuencia lógica de años de omisiones, silencios administrativos y promesas legislativas que jamás se convirtieron en realidad.
La deuda principal tiene nombre institucional: el Congreso del Estado. Desde hace años, existe la obligación legal de crear una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, pero la iniciativa ha dormido el sueño de los justos entre comisiones, cambios de legislatura y discursos huecos sobre la voluntad política. La voluntad, como suele ocurrir, nunca llegó. Y mientras tanto, las familias siguieron buscando solas, pala en mano, expediente bajo el brazo y miedo en el estómago.
Hay que decirlo con claridad: buscar en México es un acto de riesgo. Las madres buscadoras no sólo enfrentan el dolor de no saber dónde están sus hijos; también se exponen a amenazas, hostigamientos y a la indiferencia institucional. Caminan terrenos donde el Estado no entra, hacen trabajo forense sin recursos y cargan con la responsabilidad que debería asumir una estructura pública sólida. Eso no es heroicidad, es abandono.
A ese abandono se suma una tendencia cada vez más visible desde el Gobierno Federal; minimizar el problema a través de las cifras. Ajustar estadísticas, maquillar registros, mover números como si la desaparición de personas fuera un error contable y no una tragedia humanitaria. Como si ocultar datos pudiera ocultar fosas. Como si desaparecer números borrara ausencias. La realidad, necia como es, siempre termina apareciendo.
En el ámbito local, la situación se agrava con decisiones que resultan, cuando menos, sospechosas. El despido súbito de perfiles con experiencia, empatía y compromiso, como el de la fiscal Morales, envía un mensaje claro; la sensibilidad estorba. En su lugar llega una funcionaria distante, quizá correcta en el trámite, pero ajena al dolor de quienes buscan. Tal vez eficiente en el papel, profundamente insuficiente en lo humano. Y en este tema, lo humano no es un adorno, es el punto de partida.
Ahora bien, conviene decirlo sin rodeos ni romanticismos, una fiscalía especializada no va a resolver el problema por sí sola. La experiencia lo demuestra. Basta mirar a la Fiscalía Anticorrupción o a la de Delitos Electorales; oficinas costosas, rimbombantes en el nombre y estériles en los resultados. Auténticos adornos institucionales que sirven más para el discurso que para la justicia.
En este caso, sin embargo, la creación sí importa. Importa porque reconoce formalmente la magnitud del problema. Importa porque fija responsabilidades, presupuestos y obligaciones. Importa porque deja constancia de que el Estado, al menos en el papel, acepta que hay una crisis que debe atenderse. No es la solución, pero es un punto de partida. Y hoy ni siquiera eso existe.
Por eso la toma de la Fiscalía, el plantón y la protesta no son excesos. Son síntomas. Son el recordatorio incómodo de una deuda que crece con cada día de inacción legislativa, con cada cifra maquillada y con cada funcionario removido por tener demasiada empatía.
Las madres buscadoras no deberían estar ahí, protestando. Deberían estar acompañadas por instituciones eficaces, sensibles y comprometidas, pero como eso no ocurre, seguirán alzando la voz. Y la deuda, mientras tanto, seguirá acumulando intereses.
Cavilaciones:
Primera: Protección Civil debe salir de la comodidad de sus oficinas y recorrer los municipios donde cada quien hace lo que le da su regalada gana. En Matehuala, pipas de gas LP circulan sin control surtiendo tanques en los domicilios sin el mínimo recato. Parece tan normal que nadie se queja ni se asusta. Ojalá que el titular de PC del Estado, Mauricio Ordaz, actúe antes de que pase una desgracia.
Segunda: Encuestas que circulan entre los panistas en la capital del país, reportan dos noticias: el morenista, Gerardo Sánchez Zumaya, aparece alto en las encuestas. Ya ni llorar es bueno. La dirigente del blanquiazul en San Luis Potosí, la senadora Verónica Rodríguez, le negó la afiliación. La otra noticia advierte que, si Vero continúa erosionando al partido, están en riesgo de perder el registro estatal ¿Acaso será doña Vero, la enterradora de Acción Nacional en San Luis Potosí? ¡Sabe! ¡Miau!
Tercera: Edgar Alejandro Anaya Escobedo, director de los CECYTES, trae un desorden muy bien organizado en este sistema de educación media superior. Como diputado local se llevó la tacha al más faltista de la LXIII legislatura ¿Habrá alguien que le pueda dar un jalón de orejas? Este felino ya duda de todo ¡Grrr!
