Chiapas se ha convertido en un punto estratégico para la venta ilegal de documentos oficiales mexicanos a migrantes extranjeros, quienes adquieren actas de nacimiento y matrimonio para regularizar su estancia o evitar deportaciones en Estados Unidos.
De acuerdo con información recabada por autoridades y activistas, en el mercado negro un migrante puede obtener estos documentos por un costo que va de los mil 500 a los 2 mil 500 dólares. Los principales compradores son ciudadanos cubanos y haitianos.
Las actas son expedidas desde oficinas del Registro Civil de municipios ubicados en la región fronteriza de Chiapas y aparecen registradas en el Sistema Integral de Impresión de Actas, además de contar con una CURP certificada, lo que les da apariencia de legalidad.
Sin embargo, autoridades consulares han detectado irregularidades, como la ausencia de anotaciones marginales sobre la inscripción de nacimiento o la falta de número de certificado de nacimiento.
Se ha identificado que estos documentos son enviados por mensajería desde México hacia Estados Unidos, donde los migrantes los utilizan para tramitar pasaportes mexicanos en consulados. Con este documento, en caso de ser detenidos, evitan ser deportados a su país de origen.
Activistas señalan que el documento más solicitado es el acta de matrimonio, con precios que oscilan entre mil 500 y 2 mil dólares, ya que permite iniciar trámites de residencia temporal o permanente, así como procesos de naturalización en México. La venta de estas actas, aseguran, es promovida desde algunos países como Cuba.
El pasado 5 de diciembre, la Policía Municipal de Tapachula y la Guardia Estatal desmantelaron un cibercafé ubicado frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), un punto al que diariamente acudían cientos de migrantes provenientes de África, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.
Fue en Tapachula donde cinco ciudadanos cubanos adquirieron actas de nacimiento que posteriormente presentaron en el Consulado de México en Houston para tramitar su pasaporte, lo que encendió las alertas de las autoridades.
Durante el operativo, se detectó que dos hombres se hacían pasar por abogados y ofrecían a extranjeros trámites ante la Comar y el Instituto Nacional de Migración, cobrando entre 2 mil 500 y 5 mil pesos, bajo la promesa de agilizar su estancia legal en el país.
Los presuntos gestores aseguraban haber sido enviados desde la Ciudad de México. Hasta el momento, ambos se encuentran prófugos.
