La presencia de intermediarios conocidos como “coyotes” continúa siendo un problema recurrente para los potosinos que acuden a realizar trámites al Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde diariamente decenas de personas son abordadas y engañadas al exterior de las oficinas bajo la promesa de agilizar gestiones que, en realidad, son completamente gratuitas.
Autoridades federales advirtieron que estos individuos se aprovechan principalmente del desconocimiento, nerviosismo y la urgencia de contribuyentes, en especial de adultos mayores y personas que provienen de comunidades alejadas, quienes no están familiarizados con los procedimientos fiscales ni con el uso de plataformas digitales. El modus operandi consiste en interceptar a los usuarios antes de que ingresen al inmueble, preguntarles si cuentan con cita y, ante una respuesta negativa, redirigirlos a supuestos gestores que ofrecen conseguir espacios de atención de manera inmediata.
En realidad, las citas que prometen no son especiales ni preferenciales, sino las mismas a las que cualquier ciudadano puede acceder directamente dentro de la institución, sin necesidad de pagar. Aun así, los “coyotes” cobran cantidades que van de los 300 hasta los mil pesos por un trámite que el SAT ofrece sin costo.
Personal del SAT estima que entre 50 y 100 personas podrían estar siendo engañadas cada día, en comparación, las oficinas del SAT en San Luis Potosí atienden entre tres mil y hasta cuatro mil contribuyentes diarios.
Las autoridades reiteraron que todos los trámites fiscales, como la inscripción al RFC, la obtención de la firma electrónica o la programación de citas, son gratuitos y pueden realizarse directamente en las oficinas o mediante las herramientas tecnológicas oficiales.
Aunque el SAT reconoce las quejas constantes de los usuarios, señaló que sus facultades legales son limitadas, ya que estas personas no utilizan logotipos oficiales ni operan dentro de las instalaciones. Ante ello, se exhorta a quienes hayan sido víctimas de estos engaños a presentar su denuncia ante la Fiscalía.
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