Estados Unidos oficializó su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), marcando el fin de una relación de casi 78 años con el organismo internacional encargado de coordinar esfuerzos globales en salud pública. La salida entró en vigor el 22 de enero de 2026, después de que el gobierno norteamericano notificara formalmente su decisión un año antes y cumpliera con el periodo de preaviso requerido por los estatutos del organismo.
La administración del presidente Donald Trump impulsó la separación argumentando que la OMS había fallado en varios aspectos durante la pandemia de COVID-19, y acusó a la agencia de operar con una agenda politizada que, según las autoridades estadounidenses, no velaba por los intereses de su población.
Con su salida, Estados Unidos deja de ser miembro activo y de participar en foros técnicos y comités de decisión de la OMS, que hasta ahora había sido uno de sus principales financiadores, aportando aproximadamente el 18 % del presupuesto total de la entidad. Este retiro incluye la suspensión de contribuciones financieras y la retirada de personal estadounidense destacado en misiones vinculadas a la agencia.
Las consecuencias de esta decisión han generado preocupación entre expertos y autoridades de salud pública en todo el mundo. Quienes critican la medida advierten que la ausencia de Estados Unidos en la OMS podría debilitar la cooperación internacional en materia de vigilancia de enfermedades, acceso oportuno a datos epidemiológicos y respuestas coordinadas frente a futuras emergencias sanitarias.
Además de las preocupaciones operativas, existe un debate sobre el impacto presupuestario para la organización, que ahora deberá ajustar programas y prioridades tras la retirada de su principal donante. La OMS ha buscado adaptarse a este nuevo escenario, aunque diferentes voces dentro de la comunidad global de salud expresan inquietud por la estabilidad y el alcance de su labor sin el apoyo estadounidense.
Por su parte, Estados Unidos ha anunciado que continuará colaborando de forma limitada con socios internacionales y gobiernos extranjeros para proyectos de salud pública, optando por acuerdos bilaterales en lugar de acciones a través de la agencia global.
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