En Guadalcázar, el gobierno municipal encabezado por Gumaro Verdín Puente opera de manera cotidiana mediante prácticas de precarización laboral, falta de transparencia y abuso de poder contra los propios trabajadores del Ayuntamiento. No se trata de errores aislados ni de situaciones accidentales, sino de un esquema permanente que vulnera derechos laborales básicos y mantiene a decenas de empleados sometidos al miedo a perder su trabajo.
De acuerdo a denuncias ciudadanas, los trabajadores del Ayuntamiento operan sin garantías mínimas. No reciben recibos de nómina, lo que elimina cualquier rastro formal de su relación laboral. A muchos se les retiró la prima vacacional, y ninguno cuenta con seguridad social, ya sea ISSSTE, IMSS o algún otro esquema de protección. En los hechos, el Ayuntamiento funciona con personal invisible ante la ley laboral.
El caso es todavía más grave entre quienes realizan labores esenciales, como los barrenderos. Durante la administración de Gumaro, estas personas no han figurado en la nómina; fueron clasificados como “apoyo social”, una figura que permite al gobierno municipal evadir obligaciones patronales mientras mantiene jornadas laborales completas.
Por si no fuera suficiente, en diciembre del año pasado, el Ayuntamiento descontó el aguinaldo de estos trabajadores. La justificación oficial fue el financiamiento de fiestas decembrinas, bailes, regalos y eventos como la rosca de Reyes. El resultado fue directo, trabajadores que esperaban ese ingreso para cerrar el año se quedaron sin él. Hoy, alrededor de 120 personas siguen sin recibir el dinero que les corresponde.
Los salarios evidencian el nivel de abuso, la mayoría de quienes barren calles y plazas ganan menos de seis mil pesos mensuales, una cantidad que ni siquiera alcanza el salario mínimo legal. Hay casos documentados de trabajadores que reciben 200 pesos diarios, sin prestaciones, sin contrato y sin respaldo institucional. La administración municipal se aprovecha de personas que no tienen margen para protestar.
El silencio no es voluntario, es impuesto. Ningún trabajador se ha atrevido a levantar la voz porque el mensaje ha sido claro, “quien se queje, se va”. De acuerdo con testimonios internos, el propio alcalde Gumaro Verdín amenazó directamente con despedir a quien hiciera pública la situación.
El caso más crudo exhibe con claridad la forma de operar de esta administración. Un trabajador de 80 años, que durante años se encargó de barrer la plaza principal, fue despedido de manera abrupta. Para evitar el pago de lo que legalmente le correspondía por su antigüedad, la Presidencia Municipal intentó resolver el caso con una salida irregular, ofrecerle 40 mil pesos.
El trabajador rechazó el dinero al saber que tenía derecho a una cantidad mayor y al buscar asesoría legal. Ante esto, el Ayuntamiento optó por recontratarlo, con lo que canceló cualquier obligación laboral acumulada. No se trató de un acto de apoyo, sino de una maniobra para evadir responsabilidades.
Este gobierno municipal no solo incumple la ley laboral, sino que normaliza el abuso como método de control. Mientras Guadalcázar presume eventos, celebraciones y discursos oficiales, los trabajadores de “apoyo social” sobreviven con salarios miserables, sin derechos y bajo una amenaza constante.
Lo que ocurre en Guadalcázar no es un problema administrativo, es una forma de gobernar basada en el miedo, la informalidad y la explotación de los más vulnerables. Y tiene un responsable directo con nombre y cargo: Gumaro Verdín Puente.
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