La Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa sin recibir los recursos federales correspondientes al ejercicio 2026, debido a que el convenio de financiamiento entre la Federación y el Estado aún no ha sido entregado para su firma, situación que mantiene en incertidumbre la planeación financiera de la institución.
El retraso ocurre en un contexto complejo, ya que las universidades públicas del país atraviesan procesos de negociación salarial, mientras que los montos propuestos a nivel federal no corresponden a los incrementos solicitados por los trabajadores. En el caso de la UASLP, las demandas sindicales superan ampliamente los porcentajes contemplados en el esquema federal preliminar, lo que evidencia un desfase entre los compromisos laborales y los recursos disponibles.
“Hay un desfase importante, porque la gran mayoría de las universidades estamos en negociaciones salariales”.
A nivel nacional, autoridades educativas analizan un nuevo modelo de financiamiento que plantea una redistribución gradual de las aportaciones entre la Federación y los gobiernos estatales para el periodo 2026–2030. Sin embargo, esta transición ha generado tensiones, ya que se busca que las entidades federativas absorban una mayor carga presupuestal, lo que no todos los estados han logrado consolidar.
San Luis Potosí se encuentra entre las entidades que aún no alcanzan el nivel de aportación requerido, a diferencia de otros estados que ya avanzaron en este ajuste, lo que coloca a la UASLP en una posición de mayor vulnerabilidad financiera.
“La universidad no participa directamente en la negociación entre la Federación y los estados, ya que su papel es únicamente el de beneficiaria de los acuerdos que se alcancen”.
Mientras el convenio no sea formalizado y validado por las autoridades estatales y federales, no existe una cifra oficial sobre los recursos que recibirá la universidad. Esta falta de definición ocurre en medio de un debate nacional sobre el financiamiento de la educación superior, ante advertencias de que el presupuesto federal no cubre plenamente los efectos inflacionarios ni las obligaciones salariales de las instituciones públicas.
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