Anoche, como suele ocurrir en San Luis Potosí cuando un tema toca el bolsillo, las redes sociales ardieron. Circuló una imagen que adelantaba el ajuste a la tarifa del transporte público y bastaron unos minutos para que se desatara la tormenta digital: reclamos, insultos, memes y una larga lista de quejas acumuladas durante años. Para muchos usuarios, el aumento es la gota que derrama el vaso de un servicio que consideran deficiente, incómodo y, en no pocos casos, indigno.
Y hay que decirlo con claridad, gran parte de esas quejas no son exageradas. El transporte urbano en la capital y la zona metropolitana arrastra vicios históricos; unidades viejas, frecuencias irregulares, trato poco amable, inseguridad y una sensación generalizada de abandono. Nadie puede pedir aplausos cuando el usuario siente que paga más por lo mismo o incluso por menos.
Lo cierto es que, se quiera o no, tampoco se puede fingir sorpresa ante un ajuste tarifario. Vivimos en un contexto de incrementos constantes; combustibles que suben, salarios que deben ajustarse, impuestos que no perdonan, refacciones más caras, mantenimiento cada vez más costoso. Pensar que el transporte público podía mantenerse congelado en el tiempo, inmune a la inflación y a la realidad económica, es más un acto de fe que de análisis.
El sistema de transporte urbano enfrenta carencias profundas que rara vez se discuten con seriedad. Falta financiamiento real, apoyos estructurales, esquemas de modernización viables y condiciones mínimas de seguridad para operadores y usuarios. A eso se suma un modelo de concesión desgastado, que obliga a muchos permisionarios a operar al límite, sin margen para renovar unidades ni mejorar el servicio. En ese escenario, el aumento no es un capricho, es una consecuencia.
Conviene subrayarlo: el debate aquí no gira en torno a si el aumento es justo o no. Esa discusión, aunque legítima, suele quedarse en el terreno emocional. El punto es que, dadas las circunstancias actuales, el ajuste es necesario. Negarlo sería tan poco honesto como exigir un servicio de primer mundo pagando tarifas que apenas alcanzan para sobrevivir.
Eso no exime a autoridades ni a concesionarios de su responsabilidad. Un aumento debe venir acompañado de compromisos claros, verificables y medibles para mejorar el servicio. De lo contrario, la inconformidad ciudadana seguirá siendo no sólo comprensible, sino perfectamente justificada. Porque si algo ha quedado claro en este episodio es que el usuario ya no está dispuesto a pagar más sólo por costumbre o porque a alguien se le ocurrió sentado cómodamente en su escritorio.
Cavilaciones:
Primera: Eliminar los diputados plurinominales es la apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en la reforma electoral. Ricardo Monreal ya les dijo a los partidos que, para hablar con Dios, no tienen que alegar con los angelitos como Pablo Gómez. En San Luis Potosí, desaparecer a los diputados plurinominales es borrar a Morena del Poder Legislativo.
Segunda: El Instituto de Fiscalización del Estado de San Luis Potosi, Rodrigo Lecourtois, aseguró en un comunicado que los Ayuntamientos de San Luis Potosí no entienden y siguen usando factureros para justificar gastos. Eso ya se sabía y no hay que auditar para darse cuenta. Los alcaldes se carcajean del súper auditor porque no los toca ni con el pétalo de una amonestación ¡Miau!
Tercera: El Estadio Alfonso Lastras cambiará de nombre. Ahora se llamará Libertad Financiera. según anunciaron ejecutivos del club de fútbol, Atlético de San Luis. Si don Jacobo Payan viviera… ¡Qué chinga les pusiera! ¡Miau!
