La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está por cumplir 103 años de autonomía. Más de un siglo formando profesionistas, sosteniendo pensamiento crítico y siendo, para bien o para incomodidad de algunos, una de las pocas instituciones que todavía no se arrodillan del todo ante el poder político. La paradoja es brutal; llega a este aniversario en uno de los momentos financieros más delicados de su historia reciente, atrapada en un déficit que no se ha cubierto adecuadamente y un adeudo que distintas autoridades han preferido patear hacia adelante, como si el problema se resolviera solo, con un milagro, por arte de magia.
La crisis no apareció de la noche a la mañana. Se fue gestando con retrasos sistemáticos, transferencias incompletas y una peligrosa normalización del “luego vemos”. Hoy, la deuda acumulada, entre recursos estatales no entregados, aportaciones federales retenidas y recortes presupuestales, pinta un escenario que pudo ser todavía más grave si la UASLP no hubiera recurrido a algo que, curiosamente, ahora despierta tanto interés: sus recursos autogenerados.
Esos ingresos propios, producto de servicios, cuotas, proyectos y administración interna, han funcionado como el salvavidas silencioso que evitó que la universidad entrara en una crisis operativa mayor. Sin ellos, el déficit no estaría en los números que hoy se discuten, sino en un punto francamente inmanejable. Y, sin embargo, son precisamente esos recursos los que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado parece observar con lupa quirúrgica, como si el problema central fuera cómo la Universidad se ayuda a sí misma y no por qué las autoridades competentes no cumplen lo que les corresponde.
Porque sí, existe un convenio entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública que establece las aportaciones para la UASLP, pero ese mismo convenio incluía una cláusula tan cómoda como peligrosa: los recursos están sujetos a disponibilidad. Bajo ese paraguas semántico, los fondos no se entregaban a tiempo o, de plano, no se entregaban completos. La Federación deposita, el Estado administra… y la Universidad espera. A veces demasiado.
A esta ecuación se suma otro actor clave: el Congreso del Estado, que, una vez que se logró eliminar esa cláusula tramposa, lejos de fungir como contrapeso o defensor de la educación pública, decidió aplicar tijerazos de golpe, recortando cientos de millones de pesos al presupuesto que debería asignarse a la institución. No ajustes graduales, no revisiones técnicas, no mesas de trabajo, recortes secos, fríos, burocráticos. Como si la Universidad fuera una partida prescindible y no uno de los principales motores de desarrollo del estado.
El resultado es un coctel peligroso; adeudos históricos, transferencias tardías, préstamos para cubrir lo básico, recursos autogenerados usados para tapar huecos y un futuro inmediato lleno de signos de interrogación.
¿Qué pasa si la crisis empeora? Lo primero será la parálisis de proyectos académicos y de infraestructura. Después, la afectación directa a estudiantes y trabajadores. Más adelante, la pérdida de competitividad frente a otras universidades públicas del país. Y en el peor de los escenarios, la normalización de la precariedad como modelo de gestión.
No se trata sólo de números ni de balances contables. Se trata de una universidad que, a sus 103 años de autonomía, enfrenta el riesgo de que esa autonomía se convierta en una excusa perfecta para dejarla sola, pero la autonomía no exonera al Estado ni a la Federación de su responsabilidad constitucional ni al Congreso de su obligación política.
Si la UASLP ha llegado viva a este aniversario es, en buena medida, por su propia capacidad de resistir, administrar y generar. La historia demuestra que las universidades pueden sobrevivir a gobiernos malos, pero no indefinidamente a la indiferencia institucional.
Cavilaciones:
Primera: Desde hace algunas semanas, se sabe que, en Villa de Reyes, las cosas están que arden pese al frío extremo. Ismael Hernández, el presidente municipal, le anda jugando al vivo exponiendo a su pueblo. Anoche, hubo un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en la carretera a México a la altura del crucero que lleva a la cabecera de ese municipio. Los informantes de este felino aseguran que, si no se actúa pronto, una tragedia podría suceder. Alfredo Téllez, el hombre que sostenía con alfileres la paz en ese industrioso y rico municipio, ya no tiene poder. A ver si los encargados de la gobernabilidad en el Estado se ponen las pilas.
Segunda: Cuentan que la presidenta del Poder Judicial en San Luis Potosí, Anahí Zarazúa Martínez, anda queriendo emular al presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilas (tiene más de 70 asesores). Por lo pronto, trae cuatro secretarios particulares. Uno le carga la bolsa, otro le arregla su atuendo, uno más le sirve el café y el cuarto le acomoda la silla. No, pues sí las trae, la magistrada ¡Grrr!
Tercera: El gobernador Ricardo Gallardo reveló que retiró a un municipio del Altiplano las patrullas que les había facilitado para labores de prevención del delito. Parece que el mandatario ya se enteró del negociazo que se hizo con la compra de patrullas para los municipios y ya sabe, también, quién es el principal comisionista ¡Santo Dios!
