
Nueva York. Un juez federal de Estados Unidos negó este jueves la solicitud del equipo legal del rapero y empresario Sean ‘Diddy’ Combs para aplazar su juicio por tráfico sexual y crimen organizado, el cual iniciará el próximo 5 de mayo con la selección del jurado.
La defensa del artista había solicitado un aplazamiento de al menos dos meses argumentando que necesitaba más tiempo para prepararse, luego de que la Fiscalía de Nueva York ampliara los cargos en su contra de tres a cinco, incluyendo tráfico sexual, trata de personas y delitos relacionados con crimen organizado.
Sin embargo, el juez Arun Subramanian rechazó la petición durante una audiencia en la que estuvo presente Combs, y cuestionó la necesidad de más tiempo para una defensa que cuenta con un equipo legal de alto perfil. “No está claro por qué no hay suficiente tiempo para prepararse”, señaló el magistrado, según reportes en medios estadounidenses.
En una decisión adicional, el juez Subramanian también dictó que se podrá utilizar como prueba parte de la docuserie «Fall of Diddy», producida por Warner Bros Discovery, a pesar de los intentos de la compañía de evitarlo. La serie contiene testimonios clave, incluyendo declaraciones de una ex empleada y una expareja del acusado, quienes detallan supuestos abusos cometidos por el artista.
Combs, quien permanece detenido sin posibilidad de fianza desde su arresto en septiembre de 2024, se declaró no culpable de los nuevos delitos imputados el pasado lunes. En particular, enfrenta cargos de tráfico sexual y transporte con fines de prostitución relacionados con una víctima no identificada.
El también productor musical ha sido objeto de múltiples demandas civiles por supuestos abusos a lo largo de los años. Su defensa sostiene que todas las relaciones mencionadas fueron consentidas y ha negado las acusaciones de coerción o violencia.
Sean Combs deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el próximo 25 de abril, antes del inicio formal del juicio. La comunidad legal y mediática permanece atenta al caso, que podría tener un impacto significativo no solo en la industria del entretenimiento, sino también en el abordaje judicial de delitos sexuales relacionados con figuras públicas.
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