El proceso de elección para la nueva dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) se ha tornado tenso y conflictivo tras el fallecimiento de Bernardina “Nina” Lara Argüelles, quien por décadas lideró esta organización sindical en San Luis Potosí. Actualmente, dos aspirantes se perfilan para encabezar el gremio: Lilia Pérez y Laura Zamarripa. Sin embargo, el clima electoral ya muestra señales claras de guerra sucia.
La contienda interna ha provocado divisiones entre los trabajadores sindicalizados. En los últimos días, han surgido campañas de desprestigio enfocadas en desacreditar a una de las candidatas. De acuerdo con reportes, personal de distintas dependencias del gobierno estatal, incluido el Supremo Tribunal de Justicia, ha sido convocado para participar en reuniones informales con el objetivo de difundir comentarios negativos contra Lilia Pérez, actual secretaria de Trabajo y Conflictos, quien ha asumido de facto la representación del sindicato tras la muerte de Lara Argüelles.
Mientras tanto, simpatizantes de Laura Zamarripa han iniciado cabildeos en diversas oficinas públicas para promover su imagen y solicitar apoyo rumbo a la próxima elección. A diferencia de este bloque, el grupo que respalda a Lilia Pérez no ha emitido ataques directos hacia sus contrincantes, aunque su figura ya cuenta con respaldo visible de una parte del gremio.
La repentina vacante en la dirigencia sindical dejó un espacio de poder que ahora busca ser ocupado en un contexto marcado por tensiones políticas y estrategias de influencia interna. La trayectoria de Bernardina Lara, conocida por su peso político y sindical durante gobiernos priistas y por su papel como diputada local, dejó una estructura sólida pero también profundamente disputada.
A medida que se acerca el proceso formal de elección, crece la preocupación entre los trabajadores sobre el rumbo que tomará el SUTSGE, organización clave en la defensa de los derechos laborales del personal gubernamental. Las campañas paralelas y las estrategias de desinformación generan incertidumbre en torno a la legitimidad del relevo y reflejan la pugna interna por el control de uno de los sindicatos más poderosos del estado.
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