El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó hoy, a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la disolución del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Esto se debe a que el partido no logró alcanzar el tres por ciento de los votos en la elección presidencial del 2 de junio pasado, y los argumentos presentados por su dirigencia para evitar la desaparición fueron rechazados.
La Sala Superior del INE consideró que los datos presentados por el PRD sobre irregularidades en las casillas eran inconsistentes, al igual que la afirmación de que hubo violaciones a la neutralidad y equidad en el proceso electoral, presuntamente cometidas de manera sistemática por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador. Según la dirigencia del PRD, esta intervención presidencial afectó gravemente los resultados del partido en la jornada electoral, en la que se elegían, además de la presidencia, diputaciones federales y senadurías.
El PRD también alegó que hubo múltiples actos violentos por parte del crimen organizado que influyeron en el derecho de votar y ser votado. Incluso señalaron que diversos precandidatos y candidatos de su partido fueron amenazados, lo que llevó a varios de ellos a renunciar a sus candidaturas o a retirarse del proceso electoral.
El INE subrayó que los argumentos del PRD para su defensa se basaban en impugnaciones que ya habían sido resueltas en contra por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de la jornada electoral del 2 de junio.
El INE también desestimó las acusaciones sobre la presunta violencia generalizada durante las elecciones, considerando que los argumentos se basaban en percepciones subjetivas y no en pruebas concretas. Según el análisis del INE, no se encontró evidencia de un contexto de violencia generalizada que hubiera tenido un impacto determinante en la elección presidencial, solo hechos aislados de violencia.
Además, el PRD no presentó pruebas suficientes para demostrar que los hechos violentos tuvieran un impacto significativo en los resultados de la elección. El INE destacó inconsistencias y contradicciones en la demanda del partido, especialmente en lo referente a las renuncias de candidatos en Michoacán por amenazas del crimen organizado.
En cuanto a la renuncia de funcionarios electorales, el INE señaló que el PRD no presentó pruebas que justificaran el supuesto impacto de estas renuncias en la elección presidencial, y menos aún su carácter determinante en los resultados. El informe del INE indicó que solo 26 militantes y dirigentes locales renunciaron a una candidatura.
El INE también consideró que los incidentes mencionados por el PRD eran reducidos en comparación con el total de cargos electos en el proceso. Se reportaron 62 incidentes frente a los más de 20,000 cargos en juego.
El INE concluyó que los argumentos del PRD no eran operativos, ya que parecían tener el único objetivo de ajustar la votación para mantener su registro como partido político nacional. El PRD alegaba que, de corregirse las irregularidades denunciadas, alcanzaría el porcentaje de votos necesario para conservar su registro.
Sobre el reclamo de que en algunas casillas se permitió votar a personas sin credencial o que no aparecían en la lista nominal, el INE subrayó que el PRD no proporcionó los nombres de quienes habrían votado de esa manera.
La Sala Superior del INE también desestimó las acusaciones sobre la intervención sistemática y reiterada del presidente López Obrador en el proceso electoral. Si bien hubo menciones al proceso en 34 de las 342 conferencias matutinas que dio el presidente entre enero y mayo de 2024, el INE consideró que estas no representaban una intervención directa en el proceso electoral.
Finalmente, el INE aprobó el dictamen que oficializa la pérdida del registro del PRD, debido a que no obtuvo el tres por ciento mínimo de los votos en la elección del 2 de junio.
A partir del día siguiente a la aprobación del decreto, el PRD pierde todos los derechos y prerrogativas que establece la ley, a excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal de 2024, las cuales deberán ser entregadas al interventor designado. El PRD también deberá cumplir con las obligaciones de fiscalización establecidas por la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos hasta la liquidación completa de su patrimonio.
Seguiremos informando.
