Los embajadores de Estados Unidos y Canadá, los dos principales socios comerciales de México, manifestaron ayer su inquietud respecto a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ken Salazar, embajador estadounidense, expresó abiertamente su desacuerdo con la posible aprobación de la iniciativa tal como fue enviada por el Ejecutivo. Señaló que la elección de jueces a través del voto popular podría representar un riesgo para la democracia mexicana y la integración económica de América del Norte. Por su parte, Graeme C. Clark, embajador canadiense, fue más cauteloso al indicar que los inversionistas de su país están preocupados por los cambios, ya que buscan estabilidad.
Salazar, quien en varias ocasiones ha hablado públicamente sobre la reforma y otros temas internos de México, organizó de último minuto una conferencia de prensa en la que afirmó que la aprobación de la iniciativa en los términos propuestos por López Obrador también podría facilitar la infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial.
“Con base en mi experiencia de toda una vida apoyando el estado de derecho, considero que la elección directa de jueces representa un riesgo significativo para el funcionamiento de la democracia en México», señaló. Además, advirtió que las elecciones directas podrían facilitar que los cárteles y otros actores malintencionados se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas.
El representante del gobierno de Joe Biden leyó un mensaje ante la prensa desde su residencia oficial en la Ciudad de México, donde también respondió algunas preguntas. Afirmó que los cambios legislativos propuestos amenazan la histórica relación comercial que se ha construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México.
Señaló que, aunque la iniciativa incluye aspectos importantes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, considera que los legisladores deberían modificarla antes de aprobarla.
«Entendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. No obstante, en mi opinión, la elección directa y política de jueces no resolverá dicha corrupción ni fortalecerá al Poder Judicial», expresó.
Finalmente, aseguró que su gobierno respeta la soberanía mexicana, aunque advirtió que si la iniciativa es aprobada en sus términos actuales, podrían surgir controversias y acciones en Estados Unidos, sin especificar de qué tipo.
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